Los secretarios xerais de CCOO y UGT en Galicia, Ramón Sarmiento y José Antonio Gómez, respectivamente, y el máximo responsable de la CIG, Paulo Carril, han acusado a Alu Ibérica de «aplastar» derechos de los trabajadores, tras los cinco despidos realizados en la planta de A Coruña, y han anunciado una campaña de movilizaciones que terminará el día 27 de marzo en la ciudad herculina con una «gran manifestación».

Así lo han indicado, en declaraciones a los periodistas, con motivo de una concentración celebrada ante el edificio de la antigua Audiencia Provincial de A Coruña coincidiendo con el juicio por vulneración de derechos sindicales en la huelga que los trabajadores iniciaron el pasado 26 de diciembre tras el despido de una compañera.

Posteriormente, por parte de la dirección se despidió a cuatro representantes sindicales, uno de ellos el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho.

El secretario xeral de CCOO en Galicia, Ramón Sarmiento, ha señalado que este es «uno de los primeros juicios» ante lo que ha calificado como «periplo de brutalidad» por parte de Alu Ibérica «con los trabajadores y el comité». «Acudir a la Justicia es el último recurso, pero aquí se está produciendo uno de esos procesos que pretende aplastar la respuesta social, pisar la cabeza a la movilización obrera».

Por otra parte, ha criticado la postura de las administraciones central y autonómica. «No nos fiamos de las falas promesas», ha dicho culpando a sus representantes políticos de haber sido los que «privatizaron empresas estratégicas».

SOLUCIÓN INDUSTRIAL

En cuanto a la campaña de movilizaciones, ha expuesto que su objetivo es garantizar que la «lucha» de los trabajadores de Alu Ibérica, que secundan desde el inicio de la huelga concentraciones ante la fábrica, «acabe con un proyecto industrial alternativo».

En la misma línea, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril ha indicado que las protestas buscan «exigir una solución industrial» a la fábrica. Al hilo de ello, ha denunciado la «inacción» del Gobierno, al que ha acusado de «permitir que la empresa actúe con esta brutalidad, utilizando la represión como camino para callar a aquellos que hacen valer ese compromiso incumplido por parte de las administraciones», ha dicho sobre las garantías de un futuro industrial.

En este sentido, ha vuelto a demandar la intervención pública de la planta y acabar con la «impunidad» con la que, a su juicio, actúa la empresa. «Violentando derechos de los trabajadores», ha recalcado.

A su vez, José Antonio Gómez (UGT) ha manifestado que «quien ataca a los representantes de los trabajadores, ataca al conjunto de los trabajadores», ha aseverado sobre los despidos. Como los demás, ha exigido al Ministerio de Industria y a la Xunta «que cumplan los compromisos», en referencia a los estipulados en el proceso de venta.

Asimismo, ha denunciado que el grupo Riesgo, actual propietario, «no invirtió en producción, ni en procesos industriales, todos los compromisos de venta no se están cumpliendo», ha incidido el dirigente de UGT, quien ha pedido convocar de nuevo el comité de seguimiento de esa venta, «ya que desde el 25 de junio no se convoca».