El Ministerio de Educación ha abordado miércoles con los sindicatos de profesorado algunas de las consecuencias de la Lomloe y aspectos relacionados con el desarrollo normativo en las comunidades autónomas de la llamada ‘Ley Celaá’.

Uno de los asuntos clave es la situación de los profesores técnicos de FP y la próxima extinción del cuerpo que fija la nueva Ley educativa, además de la integración de parte de estos docentes en el cuerpo de secundaria.

El Estatuto Básico del Empleado Público marca como requisito para acceder al cuerpo de secundaria contar con el título de grado, licenciatura, ingeniería superior o arquitectura, lo que afecta a gran parte de este colectivo que imparte aulas con diplomaturas, ingenierías o arquitecturas técnicas.

El subsecretario de Educación, Fernando Gurrea, explicó que el Ministerio trabaja en diversas alternativas para lograr una solución. Entre ellas, buscar un encaje para la integración de estos docentes a través de la Ley Orgánica de FP o bien en el futuro Estatuto Público Docente.

Asimismo y mientras no se establezca un mecanismo para la integración de aquellos docnetes que sí cumplan con el requisito de titulación, el Ministerio propone fijar una moratoria de tres años para que este colectivo pueda presentarse en las oposiciones según los requisitos y parámetros actuales.

En concreto, aquellos titulación de ciclo superior de FP podrían seguir accediendo a la docencia en las 10 especialidades en las que esta opción es válida actualmente.

NUEVA LEY

Fuentes del Ministerio trasladaron a Europa Press que, aunque los profesores técnicos de FP que actualmente carecen de titulación universitaria no podrían pasar hoy al subgrupo A1 (en el que están integrados los de secundaria), se está estudiando una fórmula para poner solución a este problema y que se perfilaría en la futura Ley de la FP, en la que lleva trabajando desde el pasado mes de diciembre.

Estas mismas fuentes afirman que los sindicatos han apoyado la propuesta del Ministerio para regular la situación de los docentes técnicos de FP en estos próximos tres años «de manera unánime», que afectaría a un 10% del total de profesores de FP de toda España.

«NULAS IMPLICACIONES»

A pesar de ello y como señalan de CIG-Ensino, la moratoria propuesta tendría «nulas implicaciones» para Galicia, puesto que afectaría principalmente a aquellas comunidades que no han convocado procesos de OPE por el conocido como ‘acuerdo de estabilización de empleo’.

En el caso gallego, la Xunta ya convocó y agotó todas las convocatorias posibles al amparo de este acuerdo y este año, con la ampliación de plazas con el cuerpo PTFP, se han convocado casi todas las vacantes ocupadas por personal interino.

«El principal riesgo es que, quien no apruebe, quedará sin empleo», ha advertido Suso Bermello, quien a falta de conocer la propuesta definitiva del Ministerio ha dudado de la eficacia para la comunidad gallega en el caso de «buena parte» de los titulados superiores de FP.

En todo caso, Bermello ha señalado que el Ministerio quieren resolver la problemática de los procesos de integración antes de que finalicen los tres años de la moratoria que quieren fijar para que los titulados en FP puedan seguir presentándose a estos procesos de oposición.

«Queremos que haya una disposición que diga que para toda la OPE que se ha aprobado, hasta que no haya un desarrollo posterior, estos compañeros puedan tener la seguridad de poder presentarse con su titulación, que estos profesores pueden seguir presentándose en un periodo transitorio, y se ha hablado de tres años», comenta Maribel Loranca, de UGT.

«CSIF valora positivamente esta propuesta, pero exigimos una negociación urgente para dar cumplimento a la nueva ley, sin que ningún docente se vea perjudicado», señala este sindicato, mientras que para UGT esta medida es «insuficiente».