El Ayuntamiento de Sada (A Coruña) ha pedido al Gobierno reconsiderar la presentación de un recurso contra el fallo de la Audiencia de A Coruña sobre la propiedad de Meirás, tras la decisión de la Abogacía del Estado de no hacerlo y la de los Franco de formalizarlo ante el Tribunal Supremo.
Mientras, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ven, con esta postura, una «dejación de funciones» por parte del Ejecutivo, al tiempo que alerta de la «amabilidad del Estado» con los herederos del dictador. Asimismo, critica que puedan recibir una indemnización por los gastos contraídos desde 1975 que les reconoce la sentencia que, sin embargo, considera que el pazo es del patrimonio público.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Sada ratifica que los Franco han trasladado ya a la Audiencia Provincial de A Coruña «su intención de recurrir en casación la sentencia», algo que la representación legal de los herederos del dictador ya avanzó a Europa Press al entender que hubo por parte de sus clientes una posesión de «buena fe».
«Lo que resulta clave de cara al reconocimiento de la propiedad sobre el inmueble», sostuvo el letrado Luis Felipe Utrera-Molina. De hecho sobre la indemnización a la que tendrían derecho, apuntó que sus clientes «siguen confiando en que la Justicia les dé la razón por lo que ese escenario sólo habrá que afrontarlo en el caso de que el actual pronunciamiento respecto a la propiedad del pazo deviniera firme».
«FAVOR» JURÍDICO Y ECONÓMICO
En este contexto, el Ayuntamiento de Sada afirma que «el hecho de que el Supremo tenga que pronunciarse sobre lo que va a ser objeto de recurso por los Franco, la nulidad de títulos y la incorporación del pazo al patrimonio público, debería obligar a que el Estado interponga recurso sobre la otra parte de la sentencia que, al quedar sin recurrir, supondría un argumento jurídico a favor de los Franco», señala después de que la Audiencia coruñesa atribuyese «buena fe» a los herederos.
«No recurrir, además de un enorme favor económico a los Franco, es también un favor jurídico», insiste el Ayuntamiento de Sada que considera que la condición de «mala fe» –reconocida en el primer fallo sobre Meirás del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña– «es transmisible a los herederos».
VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que «si el Gobierno indemniza a la familia del dictador por el uso ilegal del pazo de Meirás estará agrediendo la memoria de las víctimas del franquismo que fueron saqueadas, a las que les quitaron la vida, los bienes, el presente y el futuro y jamás han sido indemnizadas por el Estado democrático».
«Además, se debe sancionar el saqueo de Patrimonio Nacional», argumenta esta entidad que añade que «la amabilidad del Estado democrático con la familia del dictador es incompatible con el respeto y los derechos de sus víctimas».
A su vez, Marea Atlántica se ha sumado a las críticas por el hecho de que la Abogacía delEstado confirmase que no iba a recurrir al ver «favorable» el contenido del fallo por ratificar la propiedad pública del inmueble. En este sentido, reclaman al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que rectifique y dé la batalla ante el Tribunal Supremo» y piden la implicación de la alcaldesa, la socialista Inés Rey.
