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El gobierno de Vigo recurre el cuadro de personal nombrado por la Xunta para la presa de Eiras, que «es municipal»

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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado este viernes la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la resolución de Augas de Galicia que actualiza el organigrama y el cuadro de personal para la explotación y para el plan de emergencia de la presa de Eiras, al considerar que trata de usurpar la titularidad de esa infraestructura hidráulica, y teniendo en cuenta que la gestión y explotación de la misma la hace la propia administración municipal.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideran que la resolución de Augas de Galicia, que supone sustituir a los actuales trabajadores de la presa (de la concesionaria municipal Aqualia) por empleados de la empresa Ain Active On, contratada por la Xunta, implica un intento de «expulsar al Ayuntamiento de Vigo de la posesión que ostenta de la presa de Eiras a los efectos de su explotación, conservación y mantenimiento» y asumir, de hecho, la explotación que viene haciendo el Ayuntamiento desde los años 70.

Por todo ello, el gobierno local ha aprobado interponer este recurso contra esa resolución, y ha recordado que en su día ya recurrió la contratación de esa empresa (Ain Active On) para la explotación y mantenimiento del embalse. Asimismo, reclamará a los juzgados que deje sin efecto la resolución de modo cautelar.

El conflicto sobre la titularidad de la presa de Eiras, de la que se abastece la ciudad de Vigo y varios municipios del área, se inició en 2014, cuando la Xunta reclamó al Ayuntamiento olívico el pago de un canon de regulación por la captación de agua del embalse, alegando que era la administración autonómica la que lo explotaba.

El Ayuntamiento se opuso a ese pago, unos 655.000 euros, y su posición fue avalada por el Tribunal Económico Administrativo de Facenda. A partir de ahí, se iniciaron las negociaciones con la Xunta para firmar un convenio en el que el gobierno gallego pretendía que Vigo asumiese la explotación, y la administración local quería que el acuerdo reflejase que ya estaba haciendo esa explotación.

Esas negociaciones no fructificaron, pero la Xunta, a finales de 2019, aprobó el expediente para contratar el servicio de explotación y mantenimiento de la presa (adjudicado luego a Ain Active On). Esta decisión también fue recurrida ante los tribunales por el Ayuntamiento olívico.

NUEVO RECURSO

El último capítulo en este enfrentamiento es el recurso que interpondrá el gobierno de Abel Caballero frente a la resolución para modificar el organigrama del personal de explotación y del plan de emergencias de la presa.

Al respecto, el regidor ha denunciado que la Xunta pretende «irrumpir» en las competencias «municipales», haciéndose con la gestión de una infraestructura que «es del Ayuntamiento». «Estamos abiertos al diálogo para mejorar, pero la Xunta todo el tiempo está trabajando para que Vigo se quede sin agua», ha incidido.

TRASVASE DESDE EL MIÑO

En ese sentido, Caballero se ha referido a la reunión mantenida en las últimas horas entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que el mandatario gallego se habría decantado por hacer un trasvase desde el Miño para garantizar al abastecimiento de agua a Vigo y al sur de la provincia de Pontevedra.

A ese respecto, el alcalde ha criticado que Feijóo se haya pronunciado cuando todavía no se conocen los resultados del informe encargado a una consultoría (financiado por el Gobierno, la Xunta y el propio Ayuntamiento) sobre las posibles alternativas para ese abastecimiento.

En todo caso, Abel Caballero ha advertido de que trasvasar agua desde el Miño sería más costoso porque habría llevar el agua desde una distancia de 45 kilómetros; serían necesarias estaciones de bombeo, con el consiguiente gasto energético; y un más complejo tratamiento, puesto que el agua del río no tiene el mismo nivel de calidad que la que se embalsa en Eiras.

Por otra parte, el regidor también ha criticado el retraso de la Xunta en la emisión de un informe sanitario preceptivo para la ampliación y reforma de la estación potabilizadora de O Casal, una obra presupuestada en casi 23 millones de euros, y que pagará el Ayuntamiento. «Ya me encargaré de buscar el dinero», ha proclamado Caballero, quien ha afirmado que Feijóo está conviertiendo a Vigo en una «ciudad-estado», «que se encarga de todo» sin contar con la cooperación de la administración autonómica.

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