El Ayuntamiento de Lugo ha anunciado que acata la sentencia del TSXG sobre la Fábrica da Luz y no presentará un recurso de casación ante el fallo que obliga al consistorio a abonar 2,5 millones de euros a la empresa Imca.

En un comunicado, el gobierno local avanza que, una vez ejecutada la sentencia, su intención es «recuperar este espacio ya muy deteriorado por el paso del tiempo debido a todo el proceso judicial».

En la sentencia emitida por el Alto Tribunal gallego a mediados de diciembre, los magistrados consideran al gobierno lugués responsable de la caducidad del contrato suscrito en 2008 con la empresa Imca, a la que deberá indemnizar con 2,5 millones de euros.

La decisión de no recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo se debe, según explica el consistorio lugués en un comunicado, a que lo desaprueba un informe de la asesoría jurídica municipal, que advierte la «poca garantía de éxito del mismo».

Por lo tanto, el ejecutivo local que encabeza Lara Méndez ha decidido proceder a la ejecución de la sentencia. Para ello, y con el objetivo de «minorar los costes económicos» para las arcas municipales, han alcanzado un acuerdo con la empresa para solo hacer frente a los intereses desde la notificación de la setnecia hasta la firma de este pacto, en el que se fija la forma de abono de la indemnización divididos en dos pagos.

Según explica el ayuntamiento, quedaría pendiente un tercer pago de casi 725.000 euros (en concepto de daño emergente), supeditado a que la empresa entregue al ayuntamiento la documentación pertinente. En el caso de que la compañía cumpla con este punto, el ayuntamiento deberá hacer frente a este tercer pago antes del 1 de marzo de 2022.