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La CIG pide ampliar la enfermedad profesional por Covid a colectivos expuestos del sector privado

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Delegados de la CIG se han concentrado ante la Delegación del Gobierno en Galicia para exigir que se considere como enfermedad profesional el contagio por Covid en el caso también de personal que trabaja en la sanidad y en el sector sociosanitario privatizado, así como en el sector de ambulancias o que presta servicios públicos a través de empresas privadas, como el de ayuda a domicilio.

Para la central sindical, el Real Decreto Ley 3/2021 que regula este reconocimiento resulta «discriminatorio» al no incluir a todos estos colectivos laborales.

Así lo ha expuesto la secretaria nacional de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, que ha pedido la modificación del mismo por entender que es también «restrictivo». «El Covid no entiende de categoría profesional ni de vinculación temporal, es una enfermedad infecciosa que contagia al personal en función del riesgo de exposición», ha argumentado.

Por ello, ha pedido que se extienda este reconocimiento de enfermedad profesional a personal de empresas de servicios sanitarios y sociosanitarios, así como a trabajadores de ambulancias o ayudas en el hogar. «Un gobierno progresista no puede discriminar y hacer un reconocimiento tan limitativo y restrictivo», ha señalado sobre los que trabajan para el sector privado pero prestan servicios para la pública.

«Si quieren un reconocimiento al personal que presta servicios directamente para la pública lo tienen fácil que acaben con las privatizaciones y concesiones a las empresas privadas». «O modifican el Real Decreto o eliminan las privatizaciones», ha recalcado.

En cuanto al contenido del mismo, ha dicho que necesita un desarrollo en el ámbito público «ya que dice que los informes de las unidades de salud laboral tendrán que acreditar que el profesional se contagió en el ámbito de prestacion servicio, eso así, sin un desarrollo profesional, va a ser restrictivo y arbitrario», ha alertado la dirigente de la CIG, que ha mostrado su confianza en que estas cuestiones se modifiquen en la tramitación parlamentaria.

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