El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Vilagarcía ha abierto diligencias contra el alcalde de Catoira, Alberto García, por cobrar 75 euros por día en concepto de asistencia al Ayuntamiento a pesar de estar en régimen de jubilado.

La situación fue denunciada ante la Fiscalía por el grupo municipal del BNG y su portavoz, Xan Castaño, asegura que entre la numerosa documentación descubierta durante los diez meses en los que los nacionalistas ostentaron la alcaldía figuran los recibís del pago mensual de esta asignación diaria.

El concepto de este pago, que ascendía a unos 75 euros diarios, era por su dedicación al Ayuntamiento y, según figura en la documentación en poder de los nacionalistas, se sitúa en torno a los 1.700 euros mensuales, si bien hubo meses en los que llegó a ascender hasta los 1.900 euros.

«Y no se trata de suposiciones porque tenemos las pruebas documentales. Son hechos irrefutables», comenta. El portavoz del BNG ha advertido que «esto no pueden considerarse dietas, sino un sueldo encubierto en toda regla» y señala que, a mayores de esta asignación mensual, Alberto García seguía cobrando por su asistencia a los plenos y a las comisiones de gobierno que se celebran semanalmente.

JURISPRUDENCIA

El BNG de Catoira apunta que existe jurisprudencia que confirma la ilegalidad de los hechos denunciados. En concreto, citan una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que impidió al regidor de Medina de Pomar cobrar su pensión de jubilación y, al mismo tiempo, las indemnizaciones por asistencia a plenos y comisiones.

El tribunal madrileño entendió esos cobros como retribuciones periódicas por el desempeño de su cargo público, lo que era incompatible con el cobro de su pensión. «Ético, por lo menos, sabemos que no es», apunta Xoán Castaño, «y si es justo, ya se verá», añade.

Los nacionalistas de Catoira también han enviado un escrito a la Seguridad Social informando de la situación, por si consideran que también les corresponde tomar acciones por su parte. Xan Castaño asegura que «ha habido casos en Catoira de personas jubiladas que hicieron algunos trabajillos, la Seguridad Social se enteró y tuvieron que devolver el dinero».

«Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación como concejales, la de velar por los intereses del Ayuntamiento. Veremos que pasa ahora con el alcalde», zanja.

EL REGIDOR SE DEFIENDE

Alberto García, que acudió a los juzgados de Vilagarcía para acompañar a varios trabajadores municipales que prestaron declaración por este caso, alega que el cobro de esa asignación diaria es completamente legal y que se corresponde a un acuerdo plenario aprobado en 2017.

El actual regidor de Catoira explica que se jubiló por voluntad propia a pesar de que podía haber seguido cobrando del Ayuntamiento su sueldo y su dedicación exclusiva como alcalde, por lo que con esta decisión le ahorró a las arcas municipales de Catoira en torno a 50.000 euros brutos anuales.

Alberto García atribuye la denuncia del BNG, que considera «desproporcionada», al deseo de los nacionalistas de que «desaparezca del mapa».