Seis organizaciones agropecuarias de la cornisa cantábrica y del centro peninsular, entre ellas la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), se unen para calificar de «verdadero despropósito» y de «ataque a la España vaciada» la decisión de incluir al lobo entre las especies silvestres de protección especial y, por tanto, prohibir su caza.

En concreto, fue la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico la que aprobó este jueves, con el voto en contra de algunas comunidades –entre ellas, Galicia–, la inclusión de todas las poblaciones de lobo en este régimen de protección.

Al respecto, el comunicado emitido por Asaga junto con otras cinco organizaciones critican el acuerdo por ver «incomprensible» que fuesen las autonomías «menos afectadas» las que, junto con el propio Ministerio, diesen su ‘sí’ a esta propuesta.

No obstante, dado que esta votación «no es vinculante» para lo que finalmente determine el Gobierno, las asociaciones agrarias se dirigen al PSOE, como partido mayoritario en el Ejecutivo, para exigirle que «no materialice dicha fatídica decisión».

Y es que, de acuerdo con estas entidades, «no se puede hablar de apoyo a la ganadería extensiva y de un apoyo a la España despoblada impulsando medidas como esta, que son un verdadero cañonazo contra la línea de flotación de la ganadería extensiva, tanto ovino como bovino, y contra las políticas para evitar el despoblamiento».

Asimismo, las organizaciones agrarias firmantes consideran que «supone un duro ataque a los productos lácteos (principalmente quesos con denominación de origen) y cárnicos elaborados por esta ganadería extensiva».

Para apoyar sus argumentos, Asaga y las otras cinco asociaciones exponen «diversos informes», entre ellos uno del biólogo Mario Sáenz de Buruaga, para señalar que la población del lobo en la Península Ibérica «es claramente ascendente y se encuentra en un estado de conservación favorable».

«Desde el sector ganadero no llegamos a comprender el empeño de determinados grupos ecologistas en impulsar una mayor protección del lobo cuando (…) no corre ningún riesgo de extinción y menos aún, que dichas pretensiones ecologistas logren un apoyo desde el campo político», insisten.

ASOCIACIÓN DE TECORES

Por su parte, la Asociación de Tecores Gallegos (Ategal) ha emitido otro comunicado en el que censura la decisión y alega: «El lobo ya contaba con un status especial de protección que lo llevó a crecer y expandirse ocupando nuevos territorios y gozando sus poblaciones en la actualidad de muy buena salud».

Para el sector de la caza, se trata de una política «absurda, incoherente e irresponsable», que «puede poner en peligro a los ganaderos», y una «puñalada por toda la espalda de aquellos que en campañas electorales se llenan la boca pregonando su amor por el rural».

«Prohibir por prohibir puede ser el principio del fin. La clave está en gestionar para mejorar la biodiversidad y eso es justamente lo que se estaba haciendo en gran parte del territorio nacional», afirma el presidente de Ategal, Fernando Rois.

LIBERA CELEBRA LA DECISIÓN

Frente a la postura de los sectores agrícola y cinegético, la asociación animalista Libera celebra la decisión y propone el modelo de Ginebra (Suiza), un cantón que lleva 47 años sin caza deportiva, como «posible solución a las quejas» que suscite la medida.

Según explica este colectivo, este modelo consiste en que el gobierno del cantón determina anualmente «una aproximación de gastos» para su política anti-caza y presupuesta «fondos suficientes para cubrir la totalidad de las pérdidas que sufren ganaderos y agricultores», que están «siempre verificadas» por la autoridad.

De igual modo, Libera reclama a la Xunta que «haga públicos esos supuestos informes científicos» que avalan la continuidad de las batidas de lobo, al tiempo que le exige «transparencia» sobre las dos muertes de esta especie ocurridas en Galicia en el mes de enero.