El tiempo medio de espera para someterse a una cirugía en Galicia ascendió a 101 días en 2020, según ha recogido la Asociación El Defensor del Paciente en su informe anual.

En concreto, la entidad ha detallado que casi 36.580 gallegos figuraron en las listas de espera del servicio de salud para someterse a una intervención quirúrgica, así como que las unidades en las que se acumuló una mayor demora fueron las correspondientes a Traumatología, Cirugía Plástica y Cirugía Maxilofacial.

Precisamente, ha recordado que este año la Consellería de Sanidade destinará 9,2 millones de euros a compensar al personal sanitario por trabajar en jornada de tarde con el objetivo de «descongestionar los tiempos, que se han duplicado en época de pandemia».

En esta línea, ha señalado que los tiempos de espera más dilatados se registran en Castilla-La Mancha, Cataluña, Andalucía y Aragón y ha destacado «el empeoramiento que han sufrido comunidades como Castilla y León y Baleares». Mientras, ha apuntado a Asturias y La Rioja como las que presentan «el promedio de tiempo para intervención más aceptable» y ha explicado que Galicia se sitúa en la parte media de la tabla tras haber mejorado sus cifras en los últimos años.

No obstante, la asociación ha recalcado «los recortes presupuestarios, la falta de personal sanitario y el cierre de camas» adoptados «en toda la red del Sergas» durante la pandemia «por la escasez de recursos» y ha lamentado que «se haya derivado dinero público a hospitales privados».

A nivel autonómico, el Defensor del Paciente ha alertado del «deterioro» de la atención psiquiátrica y psicológica, por lo que ha urgido la puesta en marcha un plan estratégico que permita la prestación de servicios «de calidad».

«ABANDONO» DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Asimismo, ha incidido en el «abandono» que sufre la Atención Primaria, una situación que ha achacado a «la sobrecarga asistencial que soportan los centros de salud» y que ha sido «fruto de los recortes», entre los que se han incluido «el cierre de consultorios rurales y la ausencia de pediatras».

Así las cosas, y ante los «contratos eventuales cada vez más precarios e indignos» de los profesionales, ha demandado la creación de un plan de mejora que «restituya la dignidad» y «potencie la capacidad de resolución de este sector».

Adicionalmente, la asociación ha advertido de «los casos de supuesta mala praxis médica» que ha cifrado en 510 y que ha relacionado con la falta de obtención de citas presenciales. En concreto, ha detallado que A Coruña ha sido la provincia en la que más casos se han registrado (218), seguida por Pontevedra (216), Ourense (52) y Lugo (24).

A este respecto, ha precisado que los centros más denunciados han sido, por este orden, el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP), el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) y el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHOU).

Por servicios, la entidad ha explicado que la mayor parte de las reclamaciones han sido presentadas en relación a las listas de espera, Urgencias, Cirugía general, Traumatología y Ginecología y obstetricia.

SITUACIÓN A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, El Defensor del Paciente ha detallado que en 2020 recibió 10.509 casos por presuntas negligencias médico-sanitarias (2.945 menos que en 2019), de los que 528 tuvieron como resultado un fallecimiento (229 menos que el año anterior).

Sobre este punto, ha resaltado la práctica desaparición de estos casos durante el estado de alarma, cuando la mayoría de las reclamaciones recibidas estuvieron relacionadas con las residencias de mayores y bajas laborales debidas a la COVID-19.

En este sentido, la entidad ha señalado que en la primera ola de coronavirus «los damnificados fueron los ancianos de las residencias», lo que ha relacionado con un «protocolo tardío y poco específico por parte del Gobierno» y «la falta de respuesta de las comunidades autónomas, unido a la omisión del deber de socorro de algunos responsables». También ha asegurado que la saturación sanitaria durante la segunda ola causó que los diagnósticos y tratamientos de algunos pacientes oncológicos tuviesen lugar «demasiado tarde».

Ante esta situación, ha considerado «la mala distribución y planificación» la principal causa de la falta de facultativos y ha alertado del aumento de «la brecha salarial entre especialistas» y el trasladado de los mismos a otros países. Por ello, ha concluido que «la precariedad y la temporalidad son el mayor obstáculo estructural para los profesionales».

Por este motivo, El Defensor del Paciente ha demandado la adopción de medidas vinculadas a «la estabilidad laboral, la retribución económica y el incremento de plazas MIR de especialidades deficitarias a través de ofertas de empleo público», así como «una reforma» y «una mayor inversión» en Atención Primaria.