La apertura del Pazo de Meirás –tras un litigio judicial con los Franco en el que finalmente el Estado obtuvo, de forma provisional y a la espera de una sentencia definitiva, el inmueble para el patrimonio público– ya tiene fecha: el 30 de enero.

Será, no obstante, según se acordó en la última comisión técnica integrada por el Gobierno, la Xunta, la Diputación coruñesa y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, una apertura parcial y con limitaciones.

Parcial porque solo se abrirán los exteriores, a la espera de garantizar el interior para las visitas, y con limitaciones porque será únicamente para los vecinos de Sada debido al cierre perimetral existente en este municipio por la pandemia.

La visita será a los jardines ya que, en el caso del interior del edificio, el Gobierno no se plantea que puedan desarrollarse antes de la segunda quincena de marzo, en concreto está previsto el 15 de marzo, «siempre y cuando las condiciones de seguridad lo permitan».

«Y se finalicen los arreglos de los desperfectos existentes y de la instalación eléctrica», precisó la Delegación del Gobierno en Galicia sobre los acuerdos adoptados en la última comisión técnica, celebrada por videconferencia el pasado martes. En ella la Xunta, a través del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, solicitó no retrasar los plazos previstos para la apertura de todo el pazo.

Dada la situación de algunas estancias, en la citada comisión se planteó una apertura «progresiva», en la que la Administración gallega propone que se incluyan las estatutas del Mestre Mateo, situadas en la capilla, y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán.

FUTUROS USOS

Por otra parte, pendiente está determinar cómo será el «relato» de Meirás y sus «futuros usos», cuestión para la que cada administración propuso distintos expertos y expertas que trasladarán su posicionamiento a este respecto.

«Una historia explicada en todas sus fases», propone el Gobierno, lo que incluiría desde el «universo de Pardo Bazán» hasta la presencia de Franco y «la reivindicación ciudadana» para lograr que el inmueble pasase al patrimonio público.

A su vez, la Xunta defiende que convivan «la memoria y el legado de Emilia Pardo Bazán, los legados democráticos y el fomento de la igualdad», con un «jardín de la libertad» en los exteriores.

BIENES DE LOS FRANCO

A esta cuestión por determinar, se suma, además, qué bienes podrán retirar finalmente los Franco. El inventario realizado por los técnicos incluye un total de 687 bienes, desde algunos de uso estrictamente personal hasta otros como alfombras, tapices, bustos, hórreos, pilas bautismales, retablos de madera, piezas que se cree tienen su origen en las Colecciones Reales Españolas o las estatutas del Mestre Mateo y los libros de Pardo Bazán.

De ellos, en un escrito remitido al juzgado, el Estado plantea que los descendientes del dictador puedan retirar bienes no inventariados y electrodomésticos, aunque abre la posibilidad también a otros inventariados en caso de que se pudiese precisar «mejor» si no tienen conexión con la declaración de Bien de Interés Cultural o no guardan relación con los futuros usos.

Por su parte, los Franco han solicitado esta semana a la jueza, en un escrito fechado a 21 de enero, autorización para retirar «todos los bienes muebles que se encuentran en el interior del inmueble o, al menos, la de todos aquellos bienes u objetos que considere que son de estricto uso personal, nada aportan a la significación del inmueble como Bien de Interés Cultural y/o en nada compromete su retirada los posibles usos definitivos» del pazo.