Una representación del colectivo ‘Enfermeiras en Loita’ comparecerá ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara para denunciar la precariedad laboral que sufren estos trabajadores en el Sergas debido al alto nivel de temporalidad en la contratación y los problemas de conciliación.

Esta intervención, que se realizará el martes a las 13,45 horas de forma telemática, se producirá a raíz de una denuncia presentada en diciembre de 2019 a la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, Tatjana Zdanoka, en el transcurso de una jornada de trabajo organizada por el BNG.

Catuxa Lagarón será la encargada de presentar el caso ante este organismo. En declaraciones a los medios, ha denunciado que el 40 por ciento del personal de la sanidad pública está sujeto a contratos temporales.

Esta situación ha producido casos de compañeras que «llevan 10 años inscritas en las listas» y que acumulan «500, 550, 570 y hasta 600 contratos», pero que sin embargo cuentan con unos seis años cotizados.

Una «eventualidad terrible» que, según ha añadido, les impide crecer profesional, personalmente y en términos de conciliación, puesto que les obliga a estar «pendientes del teléfono todos los días» durante años de llamadas «para incorporarse a trabajar», muchas veces en servicios y departamentos diferentes.

«Pedimos un poco de estabilidad», ha insistido, ante este «abuso drástico» de las contrataciones de duración determinada por parte de la Administración para cubrir servicios y trabajos estables y permanentes.

UNA «PRIMERA VICTORIA»

Ana Miranda, del BNG, ha añadido que la apertura de esta investigación «da la razón a esta sistemática crítica y denuncia», para que se ponga punto y final a esta «precariedad».

La representante del BNG Europa ha censurado que esta concatenación de contratos constantes «en fraude de ley» contraviene la normativa europea, en concreto la cláusula 5 del acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada del anexo de Directiva 1999/70.

En este sentido, ha advertido de que Europa está dando «un tirón de orejas» ante esta situación, que «no es ajeno a lo que pasa en el Estado», puesto que la Justicia ya denunció que «España estaba abusando» de este tipo de contratación.

Miranda ha agradecido esta «primera victoria» y ha confiado en que la investigación se mantenga abierta y ofrezca la posibilidad de que el Gobierno gallego cambie sus políticas.