La Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas y los Órganos autonómicos de Control Externo (OCEX) ha analizado el desarrollo de las fiscalizaciones que se están realizando de manera conjunta y establecido pautas de colaboración para los programas que cada unos organismos analizará este 2021 relativos, entre otros asuntos, a la gestión del COVID.

Así se acordó en la reunión por videoconferencia que mantuvieron este martes, presidida por el consejero de Cuentas del Departamento de Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas, Ángel Algarra, y en la que participaron representantes de los tribunales de cuentas u organismos análogos de Navarra, Baleares, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, País Vasco, Asturias, Canarias, Comunidad de Madrid, Andalucía y Galicia.

En la sesión se examinó el avance de los trabajos colaborativos que actualmente se están efectuando relativos a la fiscalización de la aplicación por las comunidades autónomas de la Ley de Dependencia, así como de la implantación de la contabilidad analítica en las universidades públicas.

Ambos asuntos quedarán plasmados en unos informes que reflejen los resultados comunes a todo el ámbito autonómico con el fin de identificar debilidades y ofrecer recomendaciones que ayuden a mejorar la gestión de las entidades fiscalizadas.

Asimismo, en esta cita se analizaron las iniciativas fiscalizadoras que cada institución pretende abordar este 2021, muchas de las cuales se refieren a la gestión económico-financiera de la crisis del coronavirus.

EXÁMENES PARA VARIOS AÑOS

Eso sí, en un comunicado recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas recalca que las medidas sanitarias, económicas y sociales adoptadas por las distintas administraciones para hacer frente a la pandemia serán, no obstante, objeto de análisis en los años venideros, dada su repercusión a medio y largo plazo.

Sobre la gestión de esta emergencia sanitaria, los representantes de los distintos tribunales de cuentas expusieron las fiscalizaciones que se han incluido o se espera incluir en los respectivos programas anuales en distintos ámbitos, como la contratación pública, las subvenciones y ayudas o la contratación de personal, y se acordó seguir manteniendo los contactos a fin de coordinar las actuaciones y adoptar criterios comunes en las fiscalizaciones desarrolladas.

La Comisión ha reflejado nuevamente el compromiso de colaboración de todas las instituciones participantes, poniendo de manifiesto la importancia del control externo para verificar la adecuada gestión de la actividad económico-financiera en el ámbito público y su relevancia actual y futura a la hora de fiscalizar en particular la distribución y el uso de los fondos europeos y de los recursos públicos destinados a paliar los efectos de la pandemia.

Igualmente, ha puesto de relieve la necesidad de impulsar el trabajo en común con el fin de homogeneizar los criterios y las actuaciones emprendidas, y contribuir de este modo a la mejora de los procedimientos y sistemas que permitan un control más exigente y efectivo del sector público autonómico.