La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado la imputación del dueño de una pirotecnia, Francisco G.L., por la explosión que tuvo lugar en un almacén de la misma en Tui en 2018 y ha rechazado responsabilidades públicas de tipo penal al respecto.

En el auto, el tribunal ha desestimado los recursos presentados por la Asociación de Afectados de Paramos y Guillarei y un particular, a los que se opuso el Ministerio Fiscal, contra la resolución de Juzgado de Instrucción 1 de Tui que rechazó responsabilidades públicas por el suceso.

En concreto, los recurrentes solicitaron que se citase a declarar en calidad de investigado al jefe de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.

También pidieron que se instase a la Intervención de Armas y de Explosivos de la Guardia Civil de Tui/Pontevedra a identificar al responsable de las inspecciones a la pirotecnia La Gallega. Además, demandaron su declaración en calidad de investigado debido a «las graves deficiencias observadas en las respectivas actividades inspectoras» de la pirotecnia a la que pertenecía la nave en la que se originó la explosión de Tui y cuyo propietario es el único investigado, Francisco G.L.

Mediante el recurso de apelación, la asociación presentó un informe pericial de parte en el que, a juicio del perito firmante, se concluye que «hubo numerosas irregularidades y descuadres en los Libros Registro de la pirotecnia» y «dejadez y desidia por parte de las Administraciones implicadas en la inspección y control» de la misma.

Así, el perito hace referencia a que ni la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Tui/Pontevedra ni el Jefe de la Dependencia de Industria y Energía de Pontevedra que efectuaban las inspecciones detectaron las «irregularidades a las que se alude en el informe» y afirma que, de haberlas advertido, «se habría parado el desvío de material explosivo a depósitos clandestinos» y «con muchísima probabilidad» se «habría evitado la explosión o se habría dificultado».

RAZONAMIENTO JURÍDICO

Por su parte, los jueces han señalado que un informe pericial sobre eventuales responsabilidades civiles «no puede servir de apoyo» para «sustentar la existencia de una presunta responsabilidad penal de las personas físicas encargadas de realizar las inspecciones a la pirotecnia La Gallega».

Asimismo, el tribunal ha apuntado a una «insuficiencia indiciaria» de «una hipotética participación» del responsable de las inspecciones de la pirotecnia y el jefe de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra en los hechos investigados. Por ello, ha concluido que «las diligencias de investigación que interesan los recurrentes» son «totalmente impertinentes».

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha explicado que las irregularidades a las que se alude en el informe pericial «podrían servir de base para reclamar una eventual responsabilidad civil a las administraciones públicas implicadas por funcionamiento anormal del servicio público», pero «no para atribuir la responsabilidad penal que los recurrentes pretenden en este procedimiento».

De este modo, ha confirmado el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 1 de Tui en las diligencias previas, que cifró en casi 8 millones de euros el coste de los daños por la explosión y determinó la imputación del propietario de la pirotecnia La Gallega y único investigado hasta el momento, Francisco G.L., tras concluir las diligencias previas.

El auto ratificado también reflejó que los hechos investigados pueden constituir dos delitos de homicidio imprudente, delitos de lesiones imprudentes, delitos de riesgo catastrófico en su modalidad de delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes y delitos de daños imprudentes.

EXPLOSIÓN

Los hechos tuvieron lugar el 23 de mayo de 2018 sobre las 16,15 horas, cuando se produjo una explosión en un almacén situado en la zona de Paramos que volatilizó el almacén donde se originó. Como consecuencia, se produjeron la práctica destrucción de todas las edificaciones de su entorno, de las que la mayor parte eran viviendas unifamiliares, el fallecimiento de dos personas y múltiples lesionados.

Francisco G.L entró en prisión días después de la explosión, según decretó el Juzgado de Instrucción 1 de Tui. Posteriormente, en marzo de 2019, la jueza firmó un auto por el que quedó en libertad provisional.