La ofensiva del PP contra la ‘Ley Celaá’ no ha gustado a sindicatos docentes y asociaciones de padres del sistema público, que acusan a los ‘populares’ de servirse de las instituciones para hacer la «batalla partidaria» y utilizar la educación como «arma arrojadiza».

Las entidades consultadas por Europa Press han censurado, sobre todo, que sea el propio responsable estatal de la formación, Pablo Casado, quien anuncie medidas que ejecutarán los gobiernos autonómicos liderados por su partido, lo que evidencia todavía más que el interés político se sitúa por encima de la educación.

Suso Bermello, de la CIG-Ensino, ha lamentado esta batalla «partidaria y absolutamente vergonzosa», que esta provocando situaciones y actuaciones desde las administraciones que no se vieron «con ninguna» de las anteriores leyes orgánicas en esta materia.

«Los gallegos desayunamos el sábado escuchando a Pablo Casado, que no tiene ningún tipo de responsabilidad, diciendo lo que va a hacer la Xunta», ha ironizado. Un «escándalo mayúsculo», añade, en el que la Xunta actúa «como fiel obediente del dictado de la calle Génova».

Para Bermello la intencionalidad del Gobierno gallego se observa en la actitud sobre otros aspectos de la LOMLOE, como es la posibilidad de reducir ratios en centros de zonas socialmente desfavorecidas o que escolaricen alumnos con necesidades específicas.

Una cuestión que «tendría que desarrollar» la Xunta, ha insistido, pero de la que se «pasa totalmente».

«FALTA DE LEALTAD»

En esta línea también se ha pronunciado Luz López, desde CC.OO. Ensino, que ha tildado las declaraciones y las medidas avanzadas como «una falta de lealtad a la democracia».

«Si sale lo que yo digo, organizo todo para que todo se cumpla. Si no, busco la manera de no cumplirlo. Es un poco penoso», ha ironizado.

Así, ha lamentado que lo que se busque es «mantener privilegio puro y duro» y «boicotear» una norma que contó con «más apoyos» que la LOMCE, una ley «de un único partido» e impuesta durante los mandatos ‘populares’.

Julio Díaz, de ANPE, entiende que las comunidades adopten las consideraciones legales «oportunas» mientras la norma no esté en vigor, pero que «no es de recibo que se esté haciendo política constantemente» con el sistema educativo y actuar como «el ejército de Pancho Villa». «Pedimos, por favor, a los políticos que dejen de utilizar la educación como arma arrojadiza».

Díaz cree que «ningún político que tenga cierto prestigio» debería decir por todos los medios que intentará «paralizar una ley en marcha» en lugar de buscar una «paz social».

También ha extendido su crítica al Gobierno central, al recordar que la ‘Ley Celaá’ se ha impulsado «sin consenso» y, de nuevo, «sin contar con el profesorado», y reiterar su lamamiento para «cerrar un pacto en condiciones» por la Educación.

«EL GATO Y EL RATÓN»

La Confederación de ANPA Confapa Galicia también se ha sumado a las críticas por este debate, tanto hacia la Xunta como hacia el Gobierno central, y ha asegurado que desde las familias observan «sorprendidos» este «juego del gato y el ratón».

Rogelio Carballo ha incidido en la importancia de promulgar una reforma educativa «con consenso», y de «llegar a puntos de encuentro» entre lso diferentes actores de la sociedad para alcanzar un modelo «estable».

«Mi hijo mayor lleva ya tres normas educativas, con 15 años. Esta será la tercera. No es ni medianamente admisible», ha reprochado.

El portavoz de Confapa-Galicia ha advertido que esta discusión es una «banalidad» en un contexto en el que el Foro Económico Mundial está alertando de que el 43 por ciento de los empleos de alta y media cualificación desaparecerán en el horizonte del año 2025 debido a la automatización. «Y nosotros discutimos si adelantamos el periodo de inscripción», ha ironizado.