La futura Ley gallega de recuperación de tierras prevé dotar a la Comunidad de una serie de nuevos instrumentos que permitan movilizar terreno rural abandonado o en desuso, además de «completar» la política de ‘impuestos cero’ en el rural en lo que respecta a los tributos autonómicos e impulsar ventajas fiscales en el agro.

Entre esos instrumentos estarán los polígonos agroforestales, que aspiran a responder a la demanda de base territorial que haya en una zona concreta agrupando una superficie mínima –que será variable en función del uso que se le pretenda dar al terreno–. El conselleiro del ramo, José González, quien ha dado los detalles de la ley tras el Consello de la Xunta, ha puesto el ejemplo de 10 hectáreas para el cultivo de forraje.

Para agrupar y movilizar la tierra mediante esta figura, tanto el conselleiro como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, han insistido en la «voluntariedad» por parte de los propietarios, a los que se aspira a dar «beneficio» ya sea mediante la compraventa del terreno o la vía del arrendamiento. Ambos han incidido en que se requeriría el apoyo «de una mayoría cualificada del 70%» de los propietarios.

El conselleiro ha asegurado que «no» se contemplan expropiaciones y, preguntado por lo que haría la Xunta en el caso de los propietarios ilocalizables, ha explicado que se seguirían los pasos ya regulados por la ley de patrimonio estatal al respecto.

«Se abriría un proceso de investigación para tratar de hallar al propietario y, si no es posible, culminado el proceso esa finca se inscribiría a nombre del Banco de Terras siempre con intención de cederla a quién tenga interés», ha dicho.

El conselleiro también ha avanzado el fomento de otros instrumentos como las ‘aldeas modelo’ –ya se ha impulsado alguna de forma pionera en la comunidad–, y ha garantizado que habrá ayudas e inversión por parte de la Comunidad, si bien ha recalcado también que esta norma aspira a relanzar la iniciativa privada en el rural.

Lo hará, entre otras cuestiones, reforzando el papel intermediario de la Administración. Y es que, por ejemplo, la futura norma también contempla crear otro instrumento como el Banco de Explotacións, llamado a poner en contacto a los titulares de granjas que vayan a abandonar la actividad con interesados en incorporarse al agro.

(Habrá ampliación)