La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha vuelto a reiterar este miércoles la necesidad de que el Gobierno central modifique la legislación para acabar con las ocupaciones y poner fin a la sensación de «impunidad» que se genera alrededor de este fenómeno.

La titular de Vivenda se ha pronunciado de este modo en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PP Marisol Díaz durante el pleno de la Cámara gallega, en el que ha dado cuenta de las medidas y gestiones realizadas por el departamento que dirige para frenar estas prácticas.

Ángeles Vázquez ha considerado necesario que el Ejecutivo estatal se involucre y emprenda las reformas legislativas que ayuden a asumir esta situación ya que, según ha indicado, «tiene las competencias para impulsar las reformas necesarias».

La conselleira ha asegurado que esta fue la postura trasladada en junio al Ministerio en el seno de la Conferencia Sectorial de Vivienda y reiterada al delegado del Gobierno en Galicia en una reunión en la que, conforme ha señalado, se brindó la posibilidad de crear una comisión bilateral para establecer canales de diálogo y colaboración para el seguimiento de las ocupaciones. Además, ha señalado que también trasladó el asunto al fiscal jefe de Galicia.

La problemática, según ha indicado, no solo fue analizada con las distintas instituciones, sino también con expertos y entidades afectadas por el fenómeno de la ocupación ilegal, como las diferentes asociaciones de vecinos de toda la comunidad o expertos en derecho penal de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y de la Universidad de Castilla-La Mancha.

MEDIDAS

Tras ello, ha indicado que se pusieron en marcha medidas como las trasladadas al Observatorio Galego da Vivienda, que consisten en la puesta en funcionamiento de un teléfono de atención al ciudadano para la información y el asesoramiento legal a los propietarios y la realización de un Mapa de Viviendas Ocupadas de Galicia.

La conselleira ha sostenido que el fenómeno va más allá de las cifras o de las estadísticas ya que tiene un componente social «muy marcado». «Esa es la verdadera preocupación de la Xunta, las personas que están detrás de cada número y las consecuencias que tiene para su vida», ha indicado.

Por su parte, la diputada del PP ha denunciado la «inacción» del Gobierno ante esta problemática y ha puesto en valor las medidas adoptadas por la Xunta de Galicia dentro de sus competencias limitadas en esta materia.