La ley de impulso demográfico ha arrancado su tramitación parlamentaria este martes, tras salvar las enmiendas de devolución presentadas por la oposición, que ha criticado, entre otras cuestiones, que el texto es «natalista» y no aborda de forma transversal la cuestión demográfica.

Por su parte, la conselleira de Política Social, Fabiola García, usó el derecho que tiene el Gobierno a intervenir en cualquier momento para tomar la palabra y «tender la mano» a BNG y PSdeG, así como se ha propuesto «convencer» a estos partido para pese a las discrepancias iniciales, conseguir la «unanimidad» de la Cámara.

Este proyecto legislativo nació después de la estrategia de demografía de 2013 y llegó a finales de la pasada legislatura a la Cámara gallega, pero no fue tramitada por la convocatoria electoral. La normativa prevé 800 millones de euros anuales, según la memoria económica, para alcanzar los objetivos de la normativa, que contó con el asesoramiento del Observatorio Galego de Dinamización Demográfica y aceptó buena parte de las indicaciones del Consello Económico e Social (CES).

En palabras de la conselleira, la Xunta quiere que constituya una «ley de país, no de gobierno» y por eso, no es «100 por cien» la normativa de su departamento, pero sí «100 por cien dialogada», por lo que ha subrayado que su apelación al acuerdo no responde a necesidades «aritméticas», sino a esa voluntad.

«Llega para cumplir una doble función: blindar y consolidar todos los avances», ha remarcado la titular de Política Social sobre un texto «complejo y poliédrico» en el que se establecen los «principios rectores», pero que después serán «definidos» por normas de menor rango: «Sería una intromisión muy negativa para los gobiernos que nos sucedan», ha enfatizado sobre ir a una mayor concreción, como consideraron las portavoces de la oposición, Olalla Rodil (BNG) y Marina Ortega (PSdeG) que debía ser.

Fabiola García defendió el texto que ha iniciado su tramitación asegurando que las enmiendas a la totalidad «no tienen ningún razonamiento» que las justifique. Además, ha contrapuesto su compromiso con el del Gobierno central y su estrategia nacional, a la que «enviarán más alegaciones» en los próximos días al margen de las que ya han sido remitidas.

«NATALISTA»

Los grupos de la oposición han defendido, por su parte, sus enmiendas de devolución, basadas en que, además de una concepción «natalista», no abordan la problemática en su conjunto y de forma «transversal». «Parece que les dé urticaria las enmiendas de totalidad y esta cámara», le reprochó la diputada del BNG Olalla Rodil, quien dijo que casi era «para echarse las manos a la cabeza» haber apelado a Fraga en el inicio de su discurso, una persona que «se jactaba de no haber tocado un preservativo» en su vida. A ello respondió la diputada popular Raquel Arias, quien subrayó que es «tan caduco» como «la frase de esos principios de los 90» que decía que Fraga «quería poner a parir como si fuesen conejas» a las gallegas, como «está dicho» en esta cámara.

Olalla Rodil quiso cambiar el enfoque de la ley y ha dicho que un país envejecido es «algo de lo que sentirse orgullosa», en el sentido de que significa que hay más esperanza de vida. «El reto de este país (y de las sociedades occidentales, precisó en varios momentos) es adaptarse a esa realidad», ha incidido la parlamentaria, quien ha indicado que uno de los mayores puntos débiles es la emigración de los jóvenes por su «doble» vertiente: la pérdida de población y que los hijos de estas personas nacen fuera de Galicia.

Rodil, que felicitó de forma «honesta y sincera» a la conselleira por el diagnóstico realizado en el texto legislativo, ha advertido de que «no corrige los problemas de fondo y estructurales» y ha sintetizado tres ideas: «es una ley plagada de declaraciones de intención y ocurrencias, insiste en políticas natalistas fracasadas» y obvia que la demografía «tiene más que ver con la economía que con la natalidad».

Además, ha considerado que se trata de una ley «vaga» que habla de «promover y desarrollar» pero sin compromisos, a lo que la conselleira había respondido previamente asegurando que se trataba de «principios» y que el detalle irá en normativas de rango menor.

PAPEL MOJADO

Por su parte, la diputada socialista Marina Ortega ha manifestado que este texto «confirma que el Gobierno no existe ni tiene compromiso ni rumbo ni medidas para hacer frente» al reto demográfico. Es «papel mojado», ha considerado Ortega, quien ha lamentado que no se trata de un documento «transversal».

La diputada socialista ha señalado que «hay niños de raíces gallegas que están creciendo fuera» y ha coincidido en que el envejecimiento tiene parte de su origen en esos «episodios migratorios». El PSdeG también ha lamentado que es un texto «con exceso de indeterminaciones y falta de concreción» y «obvia» el «potencial de ayuntamientos, de cooperativas, de personas emprendedoras…». «Es una ley vacía», ha lamentado.

Raquel Arias también quiso «tender la mano» a los grupos de la oposición y les pidió, asimismo, definirse a «favor o en contra». La parlamentaria del PP ha remarcado que la ley busca una Galicia «inclusiva» y apuesta por que los gallegos tengan «el modelo de familia que quieran» bajo una Galicia «sostenible, social y económica sin diferencias para el rural».

LAS ENMIENDAS RECOGERÁ LA SITUACIÓN COVID

La ley que ahora arranca su tramitación parlamentaria pasará por el trámite de enmiendas en la que están previstas incorporaciones, al menos, a propuesta del Grupo Popular, como consideraciones que tienen que ver con las situaciones de pandemia.

Entre otras cuestiones, la ley obligará a «promover recursos de conciliación para atender las nuevas necesidades de conciliación derivadas de situaciones epidemiológicas de carácter extraordinario», tanto para atender a niños como mayores.

Además, la normativa también legisla sobre la asistencia sanitaria a la reproducción en su artículo 42. Este punto de la ley señala que la Administración autonómica «adoptará, de manera progresiva, medidas tendentes a que las personas que necesiten reproducción asistida como medio para tener descendencia, puedan disponer de asistencia sanitaria y de los medios precisos para tal fin».

En un segundo punto, recoge que la Administración autonómica «desarrollará campañas de información y sensibilización que fomenten las donaciones necesarias para los procesos de reproducción asistida». A través de las enmiendas de los populares se añadirá que el Sergas garantizará el tratamiento de reproducción asistida a aquellas mujeres cuyos problemas de fertilidad vengan derivados de una patología».

Precisamente, a este aspecto se ha referido el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en su comparecencia posterior al debate de la ley en el pleno, en la cual subrayó la «decisión de contribuir» desde el departamento autonómico que dirige «potenciando los tratamientos de fertilidad».