El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo ha dictado un auto en el que ratifica la resolución de la Dirección Xeral de Saúde Pública ordenando el aislamiento domiciliario obligatorio de una vecina de la ciudad por haber tenido contacto con un caso positivo de COVID y que acabó contagiada.

Los hechos se remontan a finales de octubre cuando esta mujer, de 75 años de edad y con varias patologías (entre ellas, obesidad, diabetes y problemas respiratorios), refirió a un médico mediante consulta telefónica que se encontraba «cansada».

Al día siguiente, 1 de noviembre, en una nueva consulta telefónica (al PAC) la mujer detalló que tenía tos, cansancio y había perdido el olfato, y explicó que había tenido contacto con su hija, que había dado positivo por COVID-19.

Por ello, los servicios facultativos le prescribieron la realización de una prueba PCR y le indicaron que debía mantenerse en cuarentena domiciliaria. Dicha prueba fue realizada el 2 de noviembre y, aún sin conocer los resultados, la mujer fue el 3 de noviembre al centro de salud de Teis, rompiendo su confinamiento, para recoger unas agujas para inyectarse insulina.

En el centro de salud, el personal que la atendió comprobó que estaba pendiente de conocer el resultado de una PCR y se le apercibió por no haberse quedado en su casa. La mujer afirmó que no sabía que debía guardar cuarentena.

El 4 de noviembre se tuvo noticia de que el resultado de la prueba había sido positivo en COVID-19 y se contactó telefónicamente con la paciente por la mañana, pero nadie respondió a la llamada. Sanidade notificó la situación a la Policía Local de Vigo para que comprobase si estaba respetando el aislamiento y, dos días después, la Dirección Xeral de Saúde Pública dictó una resolución de aislamiento obligatorio, hasta que la mujer «dejase de representar un riesgo para la salud pública».

SOLICITUD ANTE EL JUZGADO

El 9 de noviembre la Consellería de Sanidade presentó ante el juzgado Contencioso Administrativo de Vigo una solicitud para que ratificase esa medida de aislamiento obligatorio, algo que ha hecho el juez a través de este auto, tras el aval del Imelga y la posición favorable de la Fiscalía.

El magistrado señala en su resolución que hay numerosa normativa y jurisprudencia que justifica la adopción de esa medida en aras de preservar la salud pública, especialmente en un contexto como el actual de pandemia y teniendo en cuenta que una de las principales medidas para cortar las cadenas de contagio es el aislamiento de casos positivos o de casos sospechosos (para una detección precoz).

No obstante, en su resolución el juez también establece que el Sergas debe garantizar que la mujer es atendida de sus otras patologías mientras está en cuarentena, y que su situación se evaluará periódicamente. Asimismo, Sanidade debe informar al juzgado cuando desaparezca el riesgo.

Por otra parte, ha pedido que se dé traslado de este caso a los servicios sociales del Ayuntamiento de Vigo, por si la mujer necesitase asistencia o atención durante el período de aislamiento domiciliario.