El Gobierno ha asegurado que la Policía Nacional actuó conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a la detención del jugador del Real Club Deportivo de La Coruña Álex Bergantiños el pasado mes de agosto.

«En el caso interesado, al tenerse noticias de que un hecho podría ser constitutivo de delito recogido en el Código Penal, perseguible de oficio, la Policía Nacional actuó conforme a lo dispuesto en la ley», señala el Ejecutivo en respuesta a una pregunta formulada por el senador del PP Miguel Lorenzo.

En la contestación por escrito, el Gobierno señala que la detención se practicó «conforme a lo previsto en la ley, para que la persona detenida fuese puesta lo antes posible a disposición de la autoridad judicial, la cual tomó las decisiones pertinentes».

En concreto, Alex Bergantiños fue arrestado a raíz de una denuncia de LaLiga tras la difusión de un audio privado en el que hablaba de un posible «paripé» en el partido aplazado entre el Deportivo y el Fuenlabrada por los casos positivos en la covid en este equipo madrileño.

Una vez recibida la respuesta del Ejecutivo estatal, en un comunicado remitido a los medios, el senador popular Muguel Lorenzo ha censurado que el Gobierno declinase informar sobre los motivos del arresto y subraya que «detener a una persona en plena calle y mandar a dos agentes desde Madrid es una actuación policial, no judicial, y excede de lo habitual y de la práctica diaria de la policía ante una denuncia de este tipo».

El senador coruñés sostiene que «ningún juzgado había requerido la actuación de la Policía» y recuerda que, pese a ser detenido, Álex Bergantiños, declaró en el cuartel de Lonzas ante los agentes desplazados desde Madrid y quedó en libertad.

«DETENCIÓN INTEMPESTIVA»

«Dos días después el juzgado de instrucción número 3 de A Coruña, a la vista de los hechos denunciados y de su declaración, decretó el sobreseimiento y archivo del asunto», indica Miguel Lorenzo, que recuerda que la propia jueza, en los fundamentos del auto del sobreseimiento, alude a una «detención intempestiva» y realizada «sin practicarse prueba alguna».

Miguel Lorenzo critica que la «ausencia de respuestas del Gobierno para arrojar luz sobre lo sucedido» se completa con la réplica a otra cuestión en le interpelaba al Ejecutivo estatal sobre el coste económico en recursos públicos del desplazamiento de efectivos para detener al capitán del Deportivo. «Los gastos fueron los habituales», asegura que zanja el Gobierno.