La Fiscalía ha rebajado su petición de penas para cuatro de los acusados de intentar robar una partida de cocaína a sus proveedores arousanos, después de haber llegado a un acuerdo con ellos, que reconocieron su implicación en los hechos y la participación de otro de los acusados, el guardia civil Enrique P.M., que ha sido el único que ha mantenido su inocencia, y para quien el ministerio público pide 7,5 años de cárcel.

Así, según ha explicado el Fiscal en la última sesión del juicio que se ha celebrado esta semana en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (con sede en Vigo), deben aplicarse las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas, ya que los hechos ocurrieron en 2014, y de confesión (en el caso de los cuatro procesados que admitieron los hechos), y ha retirado el delito de pertenencia a grupo criminal porque, con los cambios en la doctrina jurisprudencial, no puede aplicarse a este caso.

De este modo, solicita para el cabecilla del grupo, Marino G.J. (hermano de Sinaí G.J., conocido como ‘el rey de los gitanos de Galicia’), penas que suman 3 años de prisión, por un delito de tráfico de drogas y otro de tenencia ilícita de armas; para Alfredo I.G., pide un año y medio de cárcel por tráfico de drogas; la misma pena que para Alfonso P.C., por el mismo delito. En el caso de Modesto D.A., rebaja la petición de pena a 2 años de cárcel, al aplicarle la agravante de reincidencia.

Inicialmente, el Fiscal pedía penas que sumaban 12 años de cárcel para Marino G.J., 9 años y medio de prisión para Enrique P.M. y condenas de entre 6 y 9,5 años de cárcel para el resto.

Estos hechos fueron juzgados en 2017, pero el Tribunal Supremo anuló las condenas y ordenó repetir el juicio. La vista, tras varias suspensiones, se ha celebrado finalmente este semana contra cinco de los acusados, ya que el Fiscal retiró la acusación contra uno de ellos, y otro de los procesados no se presentó al juicio y ha sido declarado ‘en rebeldía’.

CONDUCTA «MÁS REPROCHABLE»

En el caso de Enrique P.M., el único de los procesados que ha mantenido su inocencia y que no ha llegado a acuerdo con la acusación pública, pide que sea condenado a 7,5 años de cárcel e inhabilitado por 15 años.

Según ha subrayado en su informe final el Fiscal, «no se sostiene» el argumento dado por el guardia civil, de que estaba actuando como agente y pretendía incautarse de la droga. «Siempre pretendió ocultar lo que iba a hacer (…) y Enrique es aquel sin el cual no podrían consumarse los hechos», ha señalado el Fiscal, quien ha incidido en que la cooperación del agente era «esencial».

A ese respecto, ha afirmado que en el juicio se ha probado que los acusados estaban concertados para hacer un ‘vuelco’, es decir, quedarse con una partida de cocaína de unos proveedores arousanos, a los que no querían pagar. Para ello, habían planeado simular un control de la guardia civil, con la participación de Enrique P.M., para «distraer» la droga.

Además, el representante del Ministerio Público ha recalcado que, por su condición de miembro de la Guardia Civil, la conducta de este acusado, que «en vez de servir a la utilidad pública servía a Marino G.J.», es «más reprochable», y ha pedido «que reciba el castigo que merece».

DEFENSA DEL GUARDIA CIVIL

Por su parte, la abogada de Enrique P.M. ha solicitado la libre absolución de su defendido, al entender que no ha quedado acreditado el delito, y ha atribuido las palabras del resto de acusados, implicando al guardia civil en los hechos, a la promesa «del beneficio de la rebaja de la pena».

Esta letrada ha recalcado que ha habido «un vacío probatorio» que impide incriminar a Enrique, y ha reiterado que este procesado estaba cumpliendo su función de agente de la Guardia Civil, que había recibido un ‘soplo’ e iba a intervenir para incautarse de la droga.

También ha subrayado que, en ningún momento, se ha probado que el guardia civil fuera a cobrar una cantidad determinada (a pesar de que, en las conversaciones grabadas, Marino le prometía que se iba a llevar «una pasta»). «No se acreditó que actuase por necesidad económica, ni codicia ni por consumo de drogas», ha señalado la abogada.

Finalmente, este acusado ha hecho uso de su derecho a decir la última palabra y se ha dirigido al tribunal para insistir en que no cometió delito alguno, que actuó como guardia civil, y que las acusaciones contra él se basan en «suposiciones».