El inspector de policía nacional que coordinó la investigación sobre un grupo dedicado al tráfico de drogas y liderado por un hermano de Sinaí Giménez (conocido como ‘el rey de los gitanos de Galicia’) ha ratificado este martes ante la Audiencia Provincial de Pontevedra que la implicación de uno de los acusados, un guardia civil, era «determinante» para que esta organización lograse su objetivo de robar una partida de cocaína a unos proveedores arousanos.

Así lo ha manifestado este agente en su declaración ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (con sede en Vigo), donde esta semana se celebra un juicio contra Marino G.J. (hermano de Sinaí), el guardia civil Enrique P.M., y otros tres acusados (otro acusado más no ha comparecido ante el tribunal y ha sido declarado ‘en rebeldía’), por los supuestos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Este funcionario policial ha recordado que el grupo planeaba hacer un ‘vuelco’, es decir, robar una partida de medio kilo des cocaína a otros traficantes, y obtener un beneficio de unos 12.000 euros. El plan del grupo, liderado por Marino G.J., consistía en trasladar la droga en un coche, en el que viajaba uno de los miembros de la organización con uno de los proveedores, desde Poio al área de Vigo, para culminar la entrega y el pago.

Para poder ‘distraer’ la sustancia estupefaciente, y con la colaboración de Enrique P.M., simularían un control de la Guardia Civil cerca de una gasolinera en Mos (Pontevedra). En ese momento, miembros de la organización podrían sustraer la cocaína sin levantar las sospechas de los proveedores.

Por ello, este testigo ha declarado que la participación de Enrique P.M. era «determinante» para que el plan funcionase, y ha rechazado que su intervención en los hechos estuviera vinculada con su trabajo como guardia civil, o que su intención fuera incautarse de la droga, en cumplimiento de sus funciones como agente.

A LAS ÓRDENAS DEL ‘CABECILLA’

A ese respecto, el policía ha señalado que las intervenciones telefónicas desvelaron las conversaciones entre Marino G.J. y Enrique P.M., en las que ultimaban los detalles del ‘vuelco’, se concertaban para hacerlo en el lugar y en el momento más oportuno, y se preocupaban de que el guardia implicado estuviera de servicio y pudiera eludir a sus superiores jerárquicos.

También ha subrayado que era Marino quien «le decía lo que tenía que hacer» y «le daba indicaciones» sobre como proceder en ese control policial simulado, con la promesa de que «se iba a llevar una pasta».

En la jornada de este martes también han declarado varios guardia civiles, antiguos compañeros del acusado, y que negaron que éste hiciera gala de un nivel de vida que no estuviera acorde con su sueldo de guardia civil en el puesto de Mos.

Asimismo, aunque algunos confirmaron que Enrique P.M. tenía contactos «con muchas personas que le informaban de posibles delitos», han reconocido que no estaban al tanto de la relación de este acusado con Marina G.J. Uno de estos testigos, el compañero de servicio de Enrique el día de los hechos, ha declarado ante el tribunal que, «a mitad del servicio», el acusado le explicó que tenían que hacer un control cerca de una gasolinera de Mos, para interceptar un coche, porque había recibido un ‘soplo’ sobre un transporte de droga.

REBAJA DE PENAS

En la primera jornada del juicio, todos los acusados, excepto el guardia civil, reconocieron su participación en los hechos y, previsiblemente, la Fiscalía rebajará su petición de penas. Así, inicialmente pedía 12 años de cárcel para Marino G.J., y penas que oscilan entre los 6 y los 9,5 años de prisión para el resto; y también reclama 15 años de inhabilitación para Enrique P.M.

Estos hechos, que ocurrieron en enero de 2014, ya fueron juzgados en 2017 y, entonces, la Audiencia Provincial condenó a los acusados a penas de entre 7,5 y 4 años de cárcel. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló dichas condenas (y absolvió a uno de los procesados, Benito O.O.) y ordenó repetir el juicio, por considerar que se había vulnerado el principio de imparcialidad del tribunal, ya que algunos magistrados tuvieron participación en la resolución de recursos en la fase de instrucción.

La nueva vista se fijó para diciembre de 2019, pero el juicio quedó suspendido por la incomparecencia de uno de los letrados, que había tenido un accidente de tráfico; el juicio se trasladó a marzo de 2020, y de nuevo fue suspendido, en esa ocasión porque Marino G.J. cambió de abogado; posteriormente, fue señalado para junio, pero la pandemia de COVID obligó a un nuevo cambio de fecha.

Finalmente, la vista ha empezado a celebrarse este lunes, aunque con un tono muy diferente al juicio anterior, en el que los acusados negaron los delitos.