Marino G.J. (hermano del conocido como ‘rey de los gitanos de Galicia’, Sinaí Giménez) y otros seis acusados, entre ellos un exguardia civil, volverán a sentarse en el banquillo de los acusados la semana próxima para ser enjuiciados por los supuestos delitos de tráfico de drogas e integración en grupo criminal, después de que una primera condena fuera anulada por el Tribunal Supremo, y de que la celebración de los juicios señalados posteriormente fuera suspendida por diversos motivos.
La Fiscalía pide para Marino G.J., al que considera cabecilla del grupo, penas que suman 12 años de prisión por ser cooperador necesario en un delito de tráfico de drogas, por integración en grupo criminal, y por tenencia ilícita de armas. Para el exguardia civil, Enrique P.M., pide un total de nueve años y medio de prisión, como autor de un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal; y para el resto de acusados solicita penas de cárcel que van desde los nueve años y medio hasta los cuatro años y medio de prisión.
Los siete acusados ya fueron juzgados por estos hechos en 2017, y entonces la Audiencia Provincial de Pontevedra los condenó a penas de entre 7,5 y 4 años de cárcel. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló dichas condenas, por considerar que se había vulnerado el principio de imparcialidad del tribunal (algunos magistrados tuvieron participación en la resolución de recursos en la fase de instrucción) y ordenó repetir el juicio.
La nueva vista se fijó para diciembre de 2019, pero el juicio quedó suspendido por la incomparecencia de uno de los letrados, que había tenido un accidente de tráfico. El juicio se trasladó a marzo de 2020, y de nuevo fue suspendido, en esa ocasión porque Marino Giménez cambió de abogado. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha fijado la vista ahora para los días 2 al 5 de noviembre.
ROBO DE MEDIO KILO DE COCAÍNA
Los hechos se remontan a principios de 2014 cuando, según el Ministerio Público, Marino G.J., Enrique P.M., Marcos G.B., Alfredo I.G. y Alfonso P.C. integraban un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas.
El grupo ideó un plan para robar una partida de cocaína a otro grupo de narcotraficantes arousanos, para lo que era indispensable la participación del entonces agente de la Guardia Civil, Enrique, que debía simular un control policial y facilitar la sustracción de la droga.
Así, concertaron una cita en Poio (Pontevedra) con los otros dos acusados, Modesto D.A. y Benito O.O., que eran los proveedores de la sustancia estupefaciente. Hasta allí se desplazaron, en un coche, Marcos y Alfonso, para recoger la droga; mientras que Marino y Alfredo hicieron lo mismo, para vigilar la operación y avisar a Enrique de los movimientos del transporte hacia O Porriño, de manera que éste estuviera prevenido y pudiera darles el alto en las inmediaciones de una gasolinera en Mos.
El plan consistía en que, cuando el guardia les diera el alto, Marcos (que traía la droga en un coche con los dos contactos arousanos) aprovecharía para sustraer el paquete de cocaína, de algo más de medio kilo.
PLAN FRUSTRADO
Sin embargo, dicho plan se frustró, porque los acusados estaban siendo investigados por la Policía Nacional, que los interceptó en el momento en el que se disponían a simular ese control de la Guardia Civil y a apropiarse de la cocaína.
Tras la detención, la Policía encontró, en casa de Marino G.J., en Tomiño (Pontevedra), una pistola con sus correspondientes cartuchos, un revólver de fogueo, tres navajas, 13 teléfonos móviles (además de los otros dos que llevaba encima en el momento de ser arrestado), una máquina de contar dinero y diversas cantidades de cocaína, heroína y cannabis.
Al margen de las penas de prisión, que en total suman 60 años y medio, la Fiscalía pide que se imponga a los procesados el pago de multas que suman casi un millón de euros.
