Un agente de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional ha declarado que los acusados de obligar a mujeres a prostituirse en distintas ciudades españolas, entre ellas gallegas, las movían de una localidad a otra para tener más beneficio.

Con esta testifical, ha proseguido el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña, y donde están fijado para este jueves, día 22, y para el día 27, la declaración de las mujeres supuestamente explotadas.

Si los acusados –dos mujeres, que también ejercían la prostitución, y cuatro hombres, todos ellos venezolanos y con vínculos de amistad o familiares, según el fiscal– negaron los hechos que se le imputan, el coordinador del operativo que se desarrolló en 2019, con registros y detenciones, sostuvo que «todos eran miembros de la organización».

A preguntas del fiscal, ha confirmado que los primeros datos fueron recabados por agentes de la Policía Nacional de Ferrol, una de las ciudades donde presuntamente operaban, y que ya en 2018 lo asumió la Brigada Central por extenderse a otras localidades españolas.

«Tenían vínculos inequívocos, entre todos eran miembros de la organización», ha expuesto sobre el funcionamiento de los acusados, entre los que alguno alegó que se limitaba a poner anuncios en Internet a cambio de cobrar a las chicas un dinero.

REGISTROS

Frente a su testimonio, este agente confirmó que en los registros hallaron libretas que incluían datos como el dinero que, según la investigación policial, cobraban a las chicas o sobre los trayectos que realizaban. «Siguiendo fiestas, lo que entendían que era más beneficioso para la organización», ha dicho sobre la presencia de las mujeres en distintas ciudades españolas.

A preguntas de un abogado de la defensa, ha asegurado que no recordaba que a ninguna de las mujeres se le retuviese la documentación. No obstante, ha argumentado que, de acuerdo con la investigación realizada,eran «explotadas por unos u otros». «Intercambiaban el control», ha añadido en alusión a cuestiones como las salidas a la calle.

PETICIÓN DE PENAS

Según el escrito de calificación del Ministerio Público, los procesados F.G.P., WJ.C.R., EJ.Q.H., MC.R.T., JF.R., y AJ.S. organizaban la llegada a España de mujeres de nacionalidad venezolana desde su país, incumpliendo, para ello, las normas de extranjería de acceso al territorio nacional, con ánimo de que permaneciesen en España ejerciendo la prostitución.

Además, los procesados, presuntamente, obtenían cocaína para vender a los clientes que acudían a los pisos. La acusación pública exige para ellos penas que suman entre los 15 y los 84 años de cárcel por los delitos de trata de seres humanos, inmigración ilegal y contra la salud pública.

Las defensas, por su parte, piden la absolución, mientras que la acusación particular, ejercida en representación de una de las mujeres presuntamente obligadas a prostituirse, reclama una condena, pero excluye, en su caso, el delito contra la salud pública.