El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) será la autoridad judicial que resuelva los recursos impuestos por la Asociación de Empresarios de Restauración y Hospedaje de Santiago contra la orden del 15 de agosto por la que la Xunta impuso restricciones en el sector, como el cierre del ocio nocturno, para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Así lo ratifica el alto tribunal gallego en un auto con fecha de 15 de octubre, en el que desestima la alegación formulada por el Gobierno gallego para que este asunto fuese abordado por la Audiencia Nacional.

En concreto, la defensa de la Administración gallega pretendía que fuese resuelto por este órgano porque la orden de la Consellería de Sanidade por la que se imponen las restricciones, recogidas en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el 15 de agosto, partía de un acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud –en el que están representados el Ministerio y todas las comunidades–.

Sin embargo, el TSXG entiende que le corresponde resolver el recurso presentado porque se trata de una orden autonómica con alcance a toda Galicia. Para que le correspondiese a la Audiencia Nacional, añade el tribunal, deberían ser limitaciones «que afectan a todo el territorio nacional» y que se hubiesen dictado «por órganos que tienen ese alcance».

Por todos estos motivos, el TSXG ha acordado desestimar la pretensión de la Xunta, a la que además ha impuesto el pago de las costas procesales –hasta un máximo de 200 euros– causadas a la parte demandante.

A través de un comunicado, la Asociación Hostalaría Compostela ha celebrado este auto y ha recordado que «las competencias de la gestión de la COVID-19 son de la Xunta».

En concreto, el recurso contencioso-administrativo presentado por los hosteleros ante el TSXG reclama la «suspensión inmediata» del límite de 10 clientes por mesa, de las reducciones horarias para todos los establecimientos –cierre a medianoche, sin que puedan atender a nadie pasada la 1,00 de la madrugada– y del cierre de los locales de ocio nocturno.

La demanda, continúa la asociación, se basa en el carácter «general e intemporal» de la norma, en la «vulneración de los derechos adquiridos por los hosteleros» en sus licencias municipales, en la «desproporcionalidad» de las medidas y en la «desescalada asimétrica» del estado de alarma.