El sindicato CSIF ha acudido al Defensor del Pueblo para que recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) el Real Decreto-Ley que da la posibilidad a los alumnos de poder pasar de curso sin límite de suspensos.

Desde CSIF advierten de que esta normativa de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, aprobada por el Gobierno el mes pasado y que el Congreso convalida este jueves, arranca sin ningún tipo de negociación ni consenso y «va a deteriorar la calidad de la enseñanza en todo el país».

Por eso, reitera su petición de dimisión de la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, quien, según el sindicato, «ocultó al Consejo Escolar y a los representantes de los trabajadores el contenido de esta norma».

Además, el documento «no justifica la situación de extraordinaria ni urgente necesidad que argumenta el Gobierno para su aprobación y vulnera el principio de igualdad de oportunidades entre el alumnado», dice CSIF. En concreto, los criterios de evaluación en educación primaria, secundaria y Bachillerato podrán ser modificados por las diferentes administraciones educativas y centros docentes, por lo que se dará un trato diferente al alumnado, en función de la CCAA en la que se estudie.

En este sentido, el sindicato advierte de que «urge un refuerzo educativo y más apoyo al alumnado en vez de rebajar el nivel de exigencia para aprobar».

Y avisa también de que los centros carecen de personal sanitario, que faltan medios de protección, las ratios continúan muy por encima de los 20 alumnos por clase que había recomendado el Ministerio de Sanidad, y el refuerzo de personal interino es «insuficiente». Además, los fondos Covid-19 de 2.000 millones para la Educación aún no han llegado y no tienen carácter finalista, tal y como llevan exigiendo desde hace unos meses.