El sector del ocio nocturno compostelano ha salido a la calle este jueves para reclamar al Gobierno gallego que de marcha atrás en el cierre decretado por la COVID-19 y que permita su reapertura inmediata. Para ello, han impulsado una caravana de vehículos alrededor de las instalaciones de la Xunta y una sonora pitada, en denuncia por la criminalización de estos locales.
Cerca de medio centenar de vehículos salió de San Lázaro esta mañana y rodeó en varias ocasiones los edificios de la Administración en San Caetano, todos ellos portando banderas o lazos negros y carteles con el lema ‘Basta xa’, con el que advierten de la crisis que viven tanto las empresas como los trabajadores del sector.
En declaraciones a los medios, Sergio Fernández, de la Asociación Hostelería de Compostela y de la Asociación de Bares, Pubs y Discotecas, instó al Gobierno gallego a retirar el decreto del 15 de agosto que obliga al cierre a estos establecimientos, que están sometidos a una «inviabilidad económica» debido a este paro «indiscriminado».
En caso contrario, solicitan que se impulse una línea de ayudas directas con una hoja de ruta clara y concisa, y que permita compensar los gastos fijos, como el alquiler, luz, agua y sobre todo el mantenimeinto del empleo.
El sector hace un llamamiento «a toda la hostelería» a salir a la calle «a protestar y reivindicar» su derecho al trabajo para instar a dar marcha atrás a un «cierre indiscriminado, sin motivo ni razón», puesto que el virus «no sale a ciertas horas, más de noche que de día» y estos establecimientos han respetado «todas las pautas higiénico sanitarias de forma estupenda»
DIÁLOGO Y ESFUERZO
En todo caso, lo que quieren es que se les permita ejercer «su trabajo» y «esfuerzo», puesto que son un sector «en reconversión permanente» y que sabe adaptarse a los tiempos, pero no que se les mantenga «cerrados ‘sine die’, sin futuro y esperando mejores tiempos sin saber cuando llegarán».
Ante todo piden «diálogo» a la Administración gallega, para poder acordar una reapertura o una línea de apoyo concreta y ha advertido que las licencias provisionales «pueden mitigar alguna parte» del problema, «pero no dejan de ser un parche».