La Delegación del Gobierno en Galicia ha informado este miércoles, coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata, de que 76 mujeres tramitaron expedientes para pedir la autorización de estancia temporal como víctimas de trata y violencia de género en la comunidad desde 2018.

En concreto, el año con más solicitudes fue 2019, cuando se produjeron 44, mientras que en 2018 se presentaron otras 23. En 2020, afectado por el estado de alarma por la COVID-19, se produjeron nueve, seis en Pontevedra, dos en A Coruña y uno en Lugo.

Asimismo, por provincias, en 2019 fueron 21 casos en A Coruña, siete en Ourense y 16 en Pontevedra, mientras que en 2018 hubo ocho en A Coruña, cuatro en Lugo, cinco en Ourense y seis en Pontevedra.

PROGRAMAS Y SERVICIOS DE AYUDA

En el conjunto del Estado, a través de la Administración General, la autonómica y las locales, ha informado la Delegación, existe una red de dispositivos y servicios de información, detección y atención integral y especializada a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata.

Además, el Gobierno, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, ha publicado la Guía de actuación para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y para mujeres en contexto de prostitución.

Esta es una de las medidas enmarcadas en el Plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis derivada de la COVID-19, que conlleva la implicación en la detección de posibles casos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el fortalecimiento de la coordinación entre las unidades policiales especializadas en trata y las ONG que trabajan en contextos de prostitución y el refuerzo del cauce de información a los servicios públicos especializados y a las ONG.

Otras medidas adoptadas con motivo de la pandemia están relacionadas con el mantenimiento de los servicios ambulatorios de asistencia integral (social, jurídica y psicológica) para garantizar la atención e intervención en recursos especializados; y las garantías de alojamiento temporal seguro a las víctimas como servicio esencial.

El Gobierno también facilita el Ingreso Mínimo Vital a las mujeres que lo necesiten y se adapten a los criterios acordados, a través de su inclusión como beneficiarias, incluidas las mujeres en situación administrativa irregular, que son en la mayoría de los casos las principales víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.

En Galicia hay once entidades que desarrollan programas específicos para abordar la trata. Son Accem, Médicos del Mundo, Cáritas, Cáritas-Hermanas Oblatas, Hermanas Oblatas, Cruz Roja, Fundación Amaranta, Fundación Faraxa, Ecos do Sur, Aliad Ultreia y Fiet Gratia. Disponen de atención psicológica e iniciativas de inserción socio-laboral, además de recursos habitacionales en algunas de ellas.