El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apoyado la propuesta para impulsar mecanismos que permitan contar con un modelo «uniforme» de registros de prohibidos entre las comunidades autónomas, en el pleno del Consejo de Políticas de Juego que se ha celebrado este lunes por videoconferencia y que ha presidido el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

El objetivo, según explica la Xunta en una nota de prensa, es establecer «un adecuado sistema de protección de la ciudadanía». Así, el Gobierno gallego, indica, mostró su apoyo a esta iniciativa «y a trabajar de forma coordinada con el Ejecutivo central para llevar a cabo las medidas necesarias que permitan suscribir convenios de colaboración de interconexión automatizada entre los distintos sistemas de información de las comunidades autónomas».

Explica la Xunta que las medidas se llevarán a cabo en un plazo máximo de un año después de la aprobación de una propuesta conjunta sobre el modelo que garantice la máxima protección de los ciudadanos.

La propuesta se elaborará en los próximos cuatro meses y se elevará al pleno del consejo para su aprobación, apunta. «La Xunta lleva demandando desde hace años esta medida, con la finalidad de proteger a colectivos especialmente vulnerables», subraya el comunicado del departamento que dirige Rueda.

En esta línea de protección enmarca el anteproyecto de ley de juego que tramita la comunidad gallega. «El registro de prohibidos es precisamente uno de los aspectos que regulará la futura ley en la que trabaja la Xunta y en él constarán inscritas las personas físicas que lo soliciten con la finalidad de hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a que se les prohíba la participación en las actividades de juego y la entrada en todos los establecimientos de juego de Galicia», concluye.