Las condiciones y medidas planteadas para el inicio del curso en secundaria, bachillerato y formación profesional están generando toda serie de reacciones entre la comunidad educativa, con concentraciones, denuncias en redes sociales e incluso la dimisión de la dirección del centro tanto por la falta de medios como por el «menosprecio» que están sufriendo por los cambios de criterio de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

El departamento dirigido por Román Rodríguez se vio obligado a retrasar una semana el arranque de la actividad en estas etapas, hasta el 23, 24 y 25 de septiembre, debido a la imposibilidad de los centros para afrontar la adaptación de los espacios educativos a las medidas de prevención frente al coronavirus fijadas por las autoridades sanitarias y la administración gallega.

Una decisión que se tomó después de que institutos gallegos de A Coruña, Santiago y Pontevedra, entre otros, reclamasen por escrito a las jefaturas territoriales el retraso de la vuelta a las aulas.

Todo ello se produce por lo que entienden como un nuevo cambio en las reglas de juego, puesto que los servicios de inspección remitieron comunicaciones a los centros para que paralizasen la adaptación que estaban realizando, con el fin cambiarla por el criterio de uso de mamparas con un metro de separación, además de la teledocencia inicialmente a partir de bachillerato, pero sin descartar 3º y 4º de la ESO.

La Xunta mantiene que la norma general es el metro y medio de separación y que estas soluciones serían de carácter excepcional, aunque el propio Román Rodríguez reconocía ayer que serían los inspectores y las autoridades sanitarias, en función de las diferentes casuísticas, los que decidan cuántos desdobles serán necesarios.

De hecho, instó a aprovechar esta semana de retraso para «profundizar» en medidas presentadas en los últimos días en el Consello Escolar de Galicia, como la semipresencialidad y la colocación de mamparas en las aulas para poder sortear el metro y medio de separación.

DIMISIÓN EN CORUÑA

Tras conocer la noticia, el equipo directivo del IES Plurilingüe Adormideras de A Coruña, uno de los centros que había firmado la petición de retraso del curso, presentó su dimisión. En concreto, denuncia el «menosprecio» hacia la comunidad educativa y los «continuos cambios en el protocolo contra la COVID-19».

«Y todo con el viejo objetivo de siempre: no contratar más profesorado y no gastar un duro en la enseñanza pública», añaden en un comunicado por redes sociales. Los trabajadores del centro difundieron imágenes a través de redes sociales para visibilizar las consecuencias de la separación de un metro entre cabezas, y se concentraron a las puertas del centro.

Estas concentraciones se trasladaron a su vez a diferentes puntos del territorio gallego, donde se están reclamando la dotación de recursos para poder realizar los desdobles necesarios. Uno de ellos el IES Antón Alonso Ríos, en Tomiño, donde el ANPA ha reclamado a la Consellería la contratación de siete profesores que necesita el centro para poder adaptar la actividad.

DECISIÓN DE LA INSPECCIÓN

En declaraciones a Europa Press, Isabel Ruso, de la Asociación de Directores de Institutos de Galicia, Isabel Ruso, ha reconocido que el panorama «ha cambiado en diferentes ocasiones», lo que ha anulado el trabajo realizado hasta ahora en los centros gallegos.

Los institutos tendrán que «reconsiderar» el nuevo curso con la opción de las mamparas y la semipresencialidad, en caso de que así sea demandado, y que ahora la inspección educativa tiene «el peso» de la decisión final. A pesar de ello, ha reconocido las dificultades para conseguir estos materiales, puesto que «es lo más duro» de encontrar a día de hoy, «lo que trastoca el trabajo de muchos días».

En todo caso, las protestas se prolongarán a lo largo del mes y los sindicatos docentes mantienen la convocatoria de huelga y de concentraciones, ahora trasladada a la nueva fecha de inicio del curso en secundaria. INFORME PROVINCIAL

Otra de las caras del malestar en este inicio del curso afecta a la administración local, puesto que varios gobiernos locales han protestado por tener que asumir los gastos extra motivados por las tareas de limpieza y desinfección de centros para aplicar el protocolo de la COVID-19.

Tras el reciente informe de la Diputación de Pontevedra, este sábado se ha dado a conocer otro de su homóloga de A Coruña que concluye que la competencia para estas acciones es de la Xunta de Galicia, ante el «gasto importante» que están asumiendo las administraciones locales.