Galicia contabilizó en todo el año 2019 un total de tres mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, del total de 59 que se registró en toda España, según recoge el Informe Anual de la Fiscalía General del Estado de 2019, que se ha hecho público este lunes coincidiendo con la apertura del año judicial 2020/2021.
Así, las víctimas en la Comunidad gallega a lo largo del pasado año son una menos que las dos registradas en todo 2018. Sin embargo, en el conjunto de España, el total de mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja supuso un importante repunte «que sorprende tras tres años consecutivos –2016, 2017 y 2018– con tendencia a la baja».
Los datos más detallados de estas mujeres determinan que, de las 59 mujeres asesinadas en todo el Estado por sus parejas o exparejas en 2019, 36 son españolas y 23 extranjeras, mientras que en el caso de los agresores, 35 eran españoles y 24 extranjeros. También recoge el informe que 18 de los 59 agresores, un 30,5%, se quitó después la vida después de cometer el hecho, o lo intentó.
Por autonomías, como en 2009, 2010, 2011, 2013 y 2018, Andalucía fue la región con número mayor de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas; 14, los que supone el 23,7 % del total. Le sigue Cataluña con 11 víctimas, las Islas Canarias con 9 y la Comunidad Valenciana con 7.
Por su parte, Madrid registró 6 asesinatos; Galicia y Castilla y León, 3; Cantabria 2 y Baleares y Aragón 1. Por el contrario, en La Rioja, Extremadura, Asturias, País Vasco, Ceuta y Melilla no se contabilizó ninguna víctima mortal en 2019.
MENOS ASESINATOS EN CAPITALES DE PROVINCIA
El Ministerio Fiscal ha destacado, en este punto, que solo 12 asesinatos de los 59 ocurrieron en capitales. Es decir, que «casi el 80%» de los sucesos tuvieron lugar fuera de capitales de provincias. Esto, indica el departamento que dirige Dolores Delgado, «pone sobre la mesa la necesidad de un mayor despliegue territorial para que los medios y recursos lleguen a todas y cada una de las mujeres víctimas de violencia de género dondequiera que residan».
Con este escenario, la fiscal general ha reconocido la necesidad «de dotar adecuadamente a las unidades de valoración forense integral», previstas en el Pacto de Estado contra Violencia de Género y la importancia de «potenciar la actividad de las Oficinas de Atención a las Víctimas».
