El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no contempla, por ahora, aplazar el inicio del curso escolar en Galicia, y ha defendido que en la Comunidad las ratios de alumnos-profesor son «muy razonables». Enfrente, Gonzalo Caballero (PSdeG) y Ana Pontón (BNG) han censurado la «inacción» de su Ejecutivo y que, «en seis meses», no haya «mejorado los espacios» ni «rebajado» el número de estudiantes por aula –está en un máximo de 25–.

«Queremos empezar el curso en septiembre, creemos que debemos hacerlo o intentarlo», ha defendido Feijóo, en declaraciones a los medios en el Parlamento, cuyo presidente, Miguel Santalices, le ha convocado para trasladarle que su nombre es el único que se debatirá en el pleno de investidura que albergará el Pazo do Hórreo la semana próxima.

Feijóo ha esgrimido que a su Ejecutivo le ha tocado gestionar esta situación y se propone hacerlo con la mayor «eficacia» posible, consciente –ha admitido– de que «puede haber brotes», y de que va a suponer «entradas y salidas, activar y desactivar una clase». En todo caso, ha pedido «tranquilidad» a los padres y ha garantizado que se preservará la salud de sus hijos.

Asimismo, ha insistido en que debería fijarse un protocolo «unitario» que defina las directrices para el conjunto del país. En este sentido, será clave la Conferencia Sectorial prevista para el próximo 27 de agosto de los ministerios de Sanidad y Educación con las comunidades autónomas, así como la Conferencia de Presidentes previa al regreso a las aulas que también tendría que celebrarse en fechas próximas.

«Llevamos mucho tiempo solicitando al Gobierno central sentar en una mesa las sensibilidades, experiencias y propuestas de las comunidades», ha subrayado, antes de añadir que considera fundamental que el Ejecutivo estatal sea el que «lidere» el proceso en cooperación con las autonomías. «Es inevitable la cooperación», ha remarcado.

MASCARILLA, LA MEDIDA «MÁS POTENTE»

A la espera de que se celebre la Conferencia de Presidentes, ha remarcado que la postura de Galicia no ha variado: planteará la obligatoriedad del uso de mascarilla también en los alumnos a partir de los seis años en los distintos espacios de los centros centros educativos, incluido en clase.

A juicio de Feijóo, usar la mascarilla es «la medida sanitaria más potente» y, si no la hay, se constata un aumento «exponencial» del riesgo de contagio. «La higiene de manos y la mascarilla son las dos herramientas más potentes para hacer frente a la pandemia», ha apostillado.

EL PROTOCOLO DE LA XUNTA, EN REAJUSTE

Al margen de los acuerdos a los que se pueda llegar en el conjunto estatal, Feijóo ha explicado que la Xunta está «reajustando» el protocolo autonómico y ha insistido en que «la mayor parte de clases tendrán una ratio de alumnos muy razonable» y «por debajo de la media» del conjunto de autonomías.

«No habrá clases con más de 25 alumnos por grupo», ha aseverado, para añadir que donde hay «más problema físico» es en las ciudades, donde «no se pueden expandir los colegios» porque están ubicados en lugares colindantes con otras edificaciones. Estos casos se estudian «de forma pormenorizada».

Hasta que el protocolo esté cerrado –ha asegurado que habrá que ver también las directrices que se acuerden para el conjunto del Estado–, la Administración educativa está «en contacto con los directores».

Pero progenitores y docentes tendrán «toda la información» una vez que el protocolo autonómico esté definitivamente cerrado. Para ello, ha dado como referencia la fecha del 7 de septiembre, tres días antes de la fecha que está marcada para que empiece el regreso a las aulas. «No queremos ir cambiando una cosa u otra y matizando. Cuando haya un acuerdo definitivo, lo trasladaremos», ha concluido.

CONTRATACIÓN DE 2.000 DOCENTES

Sobre el inicio del curso se han manifestado también los portavoces de los grupos tras reunirse con Santalices. Así, el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha defendido una apuesta «fuerte» por iniciar el curso escolar «con todas las garantías» y ha criticado que no hiciese «nada» en los últimos meses.

Como ejemplo, ha señalado que, con los mismos recursos, Castilla-La Mancha «contrató a 2.000 nuevos docentes para el inicio del curso escolar». Por ello, el plan de los socialistas es reducir distancias y ampliar ratios buscando aulas alternativas y contratando a 2.000 nuevos docentes.

El PSdeG también pide que la Xunta asuma la limpieza de los colegios y de los espacios alternativos que se habiliten» porque los ayuntamientos no tienen recursos. «No podemos permitir un Gobierno vacío», ha advertido, antes de apelar a dotarse también de un protocolo para comedores y accesos de mañana, toda vez que la conciliación es una necesidad. Y ha lamentado que no haya un plan de digitalización que, en caso de «emergencia», garantice que los niños sigan el curso.

En la misma línea se ha posicionado Ana Pontón, líder del segundo grupo de la Cámara en este mandato, el BNG. En concreto, ha criticado la «inacción» del Ejecutivo de Feijóo y le ha exigido «responsabilidad» para velar por la salud pública y por el inicio de un curso escolar que debería ir acompañado de medidas extraordinarias.

«La Xunta tuvo seis meses para preparar el inicio de curso y, a pocos días de vuelta al colegio, no contamos con medidas claras que garanticen la seguridad de los niños», ha lamentado.

En su opinión, un regreso a las aulas seguras es cuestión de «voluntad política», por lo que ha instado a la Xunta a «rectificar», ya que «es posible» reducir las ratios y poner en marcha «los medios adecuados» frente a la pandemia.

«HACER LO POSIBLE CON LOS RECURSOS QUE HAY»

El portavoz popular en la Cámara, Pedro Puy, ha apelado a un esfuerzo colectivo y ha incidido que en distintos ámbitos se ha retomado la actividad laboral, incluso en muchos en los que es difícil mantener evitar la proximidad –ha ejemplificado con los supermercados o las farmacias–. Bajo su punto de vista, es una cuestión que atañe «a todos».

«Todos debemos hacer lo posible, pero dentro de los recursos que hay», ha esgrimido Puy, quien ha insistido en pedir una mayor coordinación con el Gobierno central, además de advertir que «todo lo que implique más gasto» debería ir acompañado de «conocer de cuántos recursos puede uno disponer».

Pero ha contrapuesto que «todo esto está en el aire» porque no se pronuncia el responsable de la financiación autonómica y «quien tiene que colaborar con las comunidades», en relación a la Administración central.