El presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (Usie), Jesús Marrodán, ha avisado de que «no llevar a los hijos al colegio de forma preventiva y por decisión propia» no está recogido en el ordenamieto jurídico español y que, por tanto, podría aplicarse el protocolo de absentismo y actuar los Servicios Sociales y hasta la Fiscalía.

En declaraciones a Europa Press, Marrodán ha indicado que el marco normativo «no lo puede modificar la familia», sino el Parlamento, por lo que los progenitores deberán cumplir con lo que se expone en la Ley Orgánica de Educación actual, que es que la educación entre los 6 y los 16 años es obligatoría y que, además, lo es de forma presencial.

En el caso de que una familia decida no llevar a su hijo al colegio, se aplicaría le normativa autonomíca que determina que pasados unos días de ausencia (en la mayoría 5 días lectivos), el centro debe aplicar el protocolo contra el absentismo, por el que se reclama a los responsables del menor una justificación para esta ausencia. «Si no es por prescripción facultativa, no se considera justificada», explica el presidente de Usie con respecto a la situación actual del Covid. «La justificación no es a la carta», apunta.

Si esta justificación no se considera válida, el centro traslada la situación a los servicios sociales auonómicos que, si consideran que la situación es grave, alerta a la Fiscalía de menores para que actúe. Es esta institución, apunta Marrodán, quien toma la última decisión en casos de posible desamparo o abandono.

SÓLO EN «CASOS DE FUERZA MAYOR»

Asi, ha explicado, el derecho a la Salud sólo prevalece al de la Educación «en casos de fuerza mayor». De modo que «no llevar a un hijo al colegio de forma preventiva y por decisión propia, no está en el ordenamiento jurídico», ha insistido.

A esta situación podrían enfrentarse los progenitores que apoyan una iniciativa del Instituto Andaluz para la prevención del acoso escolar que, a través de Change.org piden al Ministerio de Educación, al Defensor del Pueblo y la Junta de Andalucía que permitan a las familias decidir si sus hijos inician el curso de forma presencial o ‘online’ desde sus casas. Esta propuesta, que busca las 15.000 firmas, ha conseguido en dos semanas más de 14.700.

El sindicato de Inspectores de Educación defienden la escuela presencial y, a través de un comunicado, han mostrado su «decepción» con el Gobierno por «la extrema tardanza y la ausencia de compromiso» con el inicio del curso escolar en esta crisis sanitaria. «La escuela virtual es la antiescuela», advierte el texto, firmado por Marrodán, antes de reclamar «medidas concretas y criterios comunes y homologados en toda España» en este sentido.

Para Usie, el objetivo del departamento de Celaá debe ser «proteger el derecho a la educación de forma segura y ordenada dentro de lo posible» y, para ello, ve necesario «un mayor compromiso que la inversión de 2.000 millones de euros anunciados por el Ejecutivo». Así, aunque considera que el modelo para la situación de pandemia debe buscar criterios individualizados y flexibles dependiendo de ls características de cada centro, cree que el Miisterio debe velar por la vulnerabilidad económica de las familias, la necesidad de conciliación o el alumnado con necesidades específicas.

«Todas las partes debemos hacer esfuerzos y generosas cesiones ante el mayor problema educativo de los últimos 40 años. Para ello las Administraciones públicasdeben redoblar los recursos materiales y humanos: docentes, personal de administración y servicios (PAS), personal de atención educativa complementaria (PAEC) y personal de limpieza. Y sobre todo deben priorizar la salud colectiva haciéndola compatible con la educación», explica el sindicato en el texto.