Los abogados de la familia de Déborah Fernández-Cervera, la joven desaparecida en Vigo en 2002 y hallada muerta días después, Ramón e Ignacio Amoedo, han denunciado «negligencias» en las investigaciones policiales y «contradicciones» en los testimonios de las personas llamadas a declarar.

Déborah Fernández-Cervera desapareció en 2002 a los 21 años, después de salir a correr por la zona de Samil en Vigo. Su cuerpo fue encontrado desnudo una semana después en una cuneta en el ayuntamiento O Rosal, a unos 40 kilómetros de distancia. Aunque el caso se cerró, el pasado mes de noviembre el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui (Pontevedra) acordó su reapertura para proceder a la práctica de nuevas actuaciones.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en la que también ha comparecido por videoconferencia el criminólogo Óscar Tarruella, Ramón Amoedo ha advertido que la familia y los letrados «no pararán» hasta conseguir «justicia para Déborah», aunque el caso prescriba. Además, junto al otro abogado, ha detallado varios supuestos «errores» cometidos durante la instrucción del caso.

En concreto, entre los «errores» denunciados, Ramón Amoedo ha afirmado que ha habido «contradicciones» en declaraciones realizadas por distintos testigos que no se cruzaron y «pruebas que se pasaron por alto».

Por ello, los letrados han avanzado que se promoverá la realización de un informe pericial criminal de parte con investigaciones propias ante las «contradicciones» de las policiales. También han abierto la posibilidad a que se emprendan acciones legales contra los funcionarios si se comprueba que han actuado en perjuicio de la investigación.

SUPUESTOS ERRORES

Los abogados han explicado que el atestado elaborado en 2019 no refleja que se solicitase acceso al terminal del que fuera pareja de la joven, mientras consta que en junio de 2002 se contactó con un juzgado de Vigo para conocer si se había recibido información sobre las llamadas realizadas desde el mismo. Por este motivo, se han preguntado si se tuvo acceso al listado y, si no fue así, por qué no se solicitó de nuevo.

Además, han reprobado que el vehículo de este varón, al que se refieren como Arcano y que fue interrogado en varias ocasiones, no se inspeccionase hasta el año 2010. Precisamente, solo han valorado la investigación realizada por el equipo que pidió ese análisis, en el que no se encontraron restos biológicos, así como nuevos interrogatorios y pruebas.

En cambio, Ignacio Amoedo ha denunciado «negligencias» por parte de otros investigadores, como el extravío del teléfono móvil de Déborah, que había sido «entregado por un familiar a un agente» en Comisaría. Así, ha apuntado que posteriormente el terminal se analizó, pero ha cuestionado que solo se encontrase un número en su tarjeta.

Del mismo modo, el letrado ha señalado que los investigadores aseguraron que tenían dificultades para acceder al correo electrónico de la joven y que, tras conseguirlo, concluyeron que «no aportaba nada nuevo».

Aunque ha cuestionado que Déborah dispusiese de acceso a su email mediante su teléfono móvil en 2002, ha afirmado que, si efectivamente el terminal ofrecía esa opción, «tendría direcciones» de correo electrónico que ha acusado a la Policía de no querer transmitir. También ha criticado el análisis realizado de varios discos duros de la joven entregados por la familia.