La Fiscalía provincial de Pontevedra ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia interpuesta por la Asociación de Conservadores Restauradores de España (ACRE) contra el proyecto de construcción de un túnel bajo la Porta do Sol y la calle Elduayen.

Según han confirmado fuentes del Ministerio Público, esas diligencias se han abierto por parte de la Fiscalía de Pontevedra, que las ha trasladado a la Fiscalía de área de Vigo para investigar si se ha cometido algún delito contra el Patrimonio Histórico, tal y como ha denunciado ACRE.

Las mismas fuentes han recordado que, como es preceptivo, si tras la investigación se determina que los hechos no revisten carácter de delito se procederá al archivo de las actuaciones; en caso contrario, se presentará denuncia en el juzgado de guardia.

Las diligencias tienen su origen en una denuncia presentada por ACRE a finales del mes de marzo, por la supuesta ilegalidad de esa obra y las consecuencias que tendrá para el patrimonio histórico en la ciudad olívica.

La Asociación de Conservadores Restauradores de España denunció que la obra para soterrar el tráfico rodado en Porta do Sol-Elduayen «degradará muy acusadamente» los edificios históricos del entorno, «destruirá el patrimonio arqueológico existente» y la unidad de un Bien de Interés Cultural (como es el Casco Vello de Vigo) y no facilita la accesibilidad, sino que «simplemente oculta el tráfico», sin fomentar el uso del transporte público.

A ese respecto, ha indicado que el Ayuntamiento «tendría que haber modificado» el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Vello o elaborado otro nuevo, y que el proyecto del túnel es «incompatible» con el PEPRI en vigor. Y todo ello pueden constituir «infracciones graves» e incluso un delito de daños en bienes de valor histórico, cultural, etc.

Esta obra ya fue denunciada, en su día, por la Asociación Viguesa por la Defensa del Patrimonio Histórico-Vigo Histórico, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TacGal), pero este órgano rechazó la denuncia porque este tipo de recursos se reservan a los licitadores que participan en un proceso de adjudicación. Asimismo, la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta autorizó el proyecto en 2018, aunque pidiendo algunos pequeños cambios.

El gobierno local adjudicó los trabajos (que tendrán una inversión superior a los 17 millones de euros), que comenzaron a principios de año. Pocas semanas después, el propio alcalde anunció que se modificaría el proyecto para alargar el túnel hasta Torrecedeira, entroncando la actuación con la nueva urbanización del Barrio do Cura.

REANUDACIÓN DE LAS OBRAS

Durante el estado de alarma los trabajos se suspendieron porque, según ha explicado el alcalde en rueda de prensa, no se podía acceder a los edificios para colocar los ‘testigos’ que se instalan cuando se hace una obra de esta envergadura para comprobar posibles daños en los inmuebles.

Sin embargo, ha precisado Abel Caballero, las obras se reanudarán de inmediato una vez cumplimentado ese trámite. «Es una obra colosal, magnífica, como todas las que hacemos», ha proclamado el regidor, quien ha vuelto a subrayar que «hay algunos que quieren que los buses den una vuelta de kilómetros para que todo Vigo sufra, mientras tres señoritos del Casco Vello están encantados de la vida con la peatonalización sin túnel», en alusión a quienes se oponen al proyecto.

Con respecto a las diligencias de investigación penal abiertas por la Fiscalía tras la denuncia de ACRE, Caballero ha eludido pronunciarse porque, según ha apuntado, no está «informado» de dichas diligencias.