UGT y CC.OO. rechazan el bono de 250 euros aprobado el viernes por la Xunta para 20.000 profesionales sanitarios y de residencias que estuvieron en primera línea contra la COVID-19, el cual ven «electoralista» y lo califican como «cheque para ir de copas».
«Lo único que pedimos son condiciones dignas», manifiesta en declaraciones a Europa Press el responsable de sanidad de UGT Galicia, Javier Fernández, que vincula esta iniciativa con la proximidad de la campaña para las elecciones del 12 de julio.
A su modo de ver, es simplemente «una ayuda a la hostelería» y señala que hay «múltiples formas» de favorecer a este sector «sin meter por el medio» a los profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas). En este sentido, el sindicalista niega que el personal de la sanidad pública sea «un héroe» por haber luchado contra el coronavirus, sino que lo es «por no haber tenido mascarillas», por emplear material protector «ineficaz» y porque trabajaba mientras «sabía que podía infectarse».
Paralelo a ello, Fernández pide a la Xunta que se centre en articular «un plan de recuperación de todas aquellas cosas que han sustraído unilateralmente» a los empleados del Sergas. En concreto, calcula que Sanidade les debe «90 millones de euros» por un acuerdo retributivo «que tenía que haber terminado en 2012» para equiparar sus salarios «a la media de las comunidades».
A ello suma que el personal del Sergas «no cobra el 100 por 100 de la paga extra desde que recortaron el 5 por ciento» de los salarios públicos, la «supresión» de un acuerdo que dio tres días de libre disposición a estos trabajadores y el volumen de personal que trabaja «con contratos basura».
«Pero a cambio nos dan un cheque para gastar en tapeo», añade el responsable de sanidad de UGT Galicia, quien también considera que «el hecho de que lo hayan aprobado ya es una indignidad» y un «engañabobos» para «comprar» a los trabajadores.
UN PLAN DE RECUPERACIÓN DE «CONDICIONES»
Por estas razones expuestas, aunque «hay muchas más», Fernández reclama a Sanidade un plan de recuperación de «todos los aspectos que afectan a las condiciones de trabajo» consensuado en una mesa de negociación. De hecho, asegura que si este bono de 250 euros se hubiese propuesto en este organismo, los sindicatos hubiesen trasladado su rotunda negativa.
«Lo único que han conseguido es unirnos a todos. Han conseguido más rechazo», asevera, puesto que la propuesta ya se ha encontrado con la negativa de colegios de médicos y de enfermeros, entre otros colectivos.
Precisamente, CC.OO. ha emitido este lunes un comunicado en el que se suma al rechazo de este bono «electoralista» mientras el Gobierno autonómico «niega a los trabajadores del ámbito, así como a su representación legal, la posibilidad de negociaciones» de sus reivindicaciones.
«Con esta medida, la Xunta pretende que cerca de 20.000 profesionales de la sanidad y de la dependencia contribuyan a la reactivación de la hostelería y del turismo», añade este sindicato, que tacha la medida de «falta de respeto» porque la Consellería niega «repetidamente la recuperación de los derechos arrebatados, cierra camas en muchas de las áreas sanitarias» y «mantiene la precariedad en los contratos del personal eventual».
«UNA MEJORA REAL» DE LA SANIDAD
«A todas estas peticiones, la respuesta de la Administración fue negativa», ha afirmado la secretaria xeral de CC.OO.-Sanidade, Emilia Lamas, quien además ha exigido al Sergas «que acabe de una vez de hacer propaganda» y comience «a trabajar en una mejora real».
Por otra parte, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública también se ha pronunciado al respecto del bono de 250 euros este lunes para tacharlo de «casposa estrategia electoral» para comprar votos «invitando a empanada, pulpo y ‘carne ao caldeiro’ a cuenta del erario público».
«Esta medida supone un insulto para los trabajadores del sistema sanitario público gallego, a los que pretende compensar invitando a tomar unas cañas o con una habitación de hotel por los esfuerzos realizados para tratar a la población durante la pandemia, pese a los recortes tan importantes realizados por sus gobiernos en estos últimos 11 años», sentencia este colectivo.