Los ganaderos afectados por el cártel lácteo –que realizaron ventas entre 2000 y 2013– tienen de plazo hasta el 11 de julio para presentar una reclamación con el fin de optar a una indemnización por lo cobrado de menos debido a las prácticas ilegales de pacto de precios entre industrias.
En rueda de prensa telemática este viernes, el responsable del Área Externa de Unións Agrarias y miembro de los servicios jurídicos, Félix Porto, ha explicado que el 11 de julio expira el plazo para las reclamaciones tras la resolución de la Competencia Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la industria láctea, a la que condenó a pagar una multa de 80,2 millones de euros por los pactos de precios producidos entre los años 2000 y 2013 en España.
Aunque se prevé que el plazo pueda verse ampliado hasta septiembre por el estado de alarma, el sindicato agrario llama a que los ganaderos decidan «interrumpir la prescripción» en el próximo mes con el fin de que no pierdan la oportunidad de ejercer sus derechos.
Unións Agrarias invita a todos los ganaderos afectados a ponerse en contacto con el sindicato agrario para recibir asesoramiento. Así, se compromete a guiar a los productores en el proceso y hacerse cargo de los gastos, con el compromiso de cobrar por estas gestiones solo cuando los afectados ingresen el dinero. Actualmente, UU.AA. ya se encarga de unos 2.000 expedientes.
El objetivo es que los ganaderos puedan recuperar lo que se les adeuda por unas prácticas de compañías lácteas para «repartirse el mercado», «impidiendo que productores pudiesen cambiar de industria» y «pactando precios».
MÁS DE 35.000 AFECTADOS
Estima que en el año 2000 había 35.000 productores en Galicia que realizaron ventas de leche a industrias y que percibieron alrededor de un 10% menos del precio que les correspondía, unos tres céntimos por litro, que ahora se intentará recuperar a partir de demandas individuales, ya que no pueden realizarse de forma colectiva.
De esos 35.000 ganaderos vendían leche en el año 2000, el 41% –unos 14.500– estaban en la provincia de A Coruña. Una cifra que con el paso de los años se ha ido reduciendo.
A LA ESPERA DE SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Según ha explicado Félix Porto seis de las ocho industrias sancionadas –también hubo dos asociaciones– presentaron recurso por la resolución de la CNMC, por lo que se está a la espera de que haya una sentencia definitiva por parte de la Audiencia Nacional.
Las demandas no se resolverán hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre estos recursos y se fije «exactamente» lo que tienen que percibir los ganaderos, según ha explicado.
CÁRTEL LÁCTEO
Las prácticas ilícitas consistían en el intercambio de información sobre precios de compra y volúmenes de excedentes de leche cruda de vaca con el objetivo de hacerse con el control del mercado de aprovisionamiento, fijando un límite en la competencia y «mermando la libertad» de los ganaderos para fijar el precio de su producto.
De este modo, las empresas transformadoras dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de estos, o la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo.
Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales.
Algunas de las empresas multadas fueron Capsa (Central Lechera Asturiana o Larsa), con una multa de 21,8 millones de euros; Danone, con una multa de 20,2 millones de euros; Lactalis Iberia, con 11,6 millones de euros; Industrias Lácteas de Granada y Calidad Pascual, que deberán pagar 10,2 millones y 8,5 millones, respectivamente; seguidas de Nestlé, con una multa de 6,8 millones de euros y Schreiber Food España, con 924.644 euros de multa.
