El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en esta Justicia han acordado este miércoles prorrogar la especialización en claúsulas abusivas de una veintena de juzgados, y constatan que hay una tendencia a la baja de ingresos de nuevos asuntos respecto a ejercicios anteriores.
En un comunicado, el órgano de gobierno de los jueces señala que la prorroga de especialización de esos veinte juzgados vencía este 30 de junio, y que ahora se amplía por otros seis meses. Este plan de especialización de juzgados se puso en marcha el 1 de junio de 2017 con la finalidad de hacer frente a la gran cantidad de demandas presentadas en relación con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
En la nota, recuerdan que desde ese 2017 el CGPJ ha prorrogado esa especialización de forma anual o semestral, y que en el último encuentro celebrado para evaluar su marcha, en noviembre de 2019, tanto el CGPJ como Justicia y las diferentes comunidades con competencias acordaron ajustar el plan de especialización a lasnecesidades concretas de cada órgano judicial.
En concreto, en diciembre y dada la «positiva evolución» del plan, la Comisión Permanente del CGPJ acordó una prórroga semestral –que vencía este mes de junio– para los juzgados de primera instancia de Huesca, Teruel, Ibiza, Mahón, Ciutadella,Arrecife, Puerto del Rosario, Albacete, Cuenca, Toledo, Ávila, Segovia, Soria, Lleida, Girona, Lugo, Orense, Logroño, Vitoria y Oviedo. Para el resto de juzgados afectados por el plan de especialización, la prórroga fue de un año.
REDUCCIÓN DE LA PENDENCIA
Según el análisis del CGPJ, durante el primer trimestre de este 2020 el ingreso de asuntos en este tipo de juzgados se ha reducido, algo que viene siendo significativo desde 2018, y que se traduce «en una reducción de la pendencia en la mayoría de ellos».
Pero matiza que los datos provisionales que comprenden del 15 de abril al 15 de mayo ponen de manifiesto que algunos juzgados han tenido una entrada de asuntos superior a la esperada –relacionados muchos también con el IRPH–, y ponen como ejemplo el caso de Albacete, donde en esos 30 días se han registrado un número de asuntos equivalente al 64 por ciento del total de todo el primer trimestre. Lo mismo ha ocurrido en Girona (82%), Vitoria-Gasteiz (78%) y Oviedo (68%).
Con todo, desde el CGPJ señalan que en 2019 se constató una mejora de la situación de esos órganos especializados en toda España con respecto a 2018, y añade que la tasa de resoluciónanual –resultado del cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un periodo determinado– fue la siguiente: Andalucía (99,5%); Aragón (229,8%); Asturias (189,5%); Baleares (113%); Canarias (169%); Cantabria (103%); Castilla y León (142,6%); Castilla-La Mancha (128,6%); Cataluña (90,4%); Comunidad Valenciana (99,2%); Extremadura (145,7%); Galicia (125,5%); Madrid (49,7%); Murcia (101,9%); Navarra (105,3%); País Vasco (104,7%) y La Rioja (132,5%). Así, la tasa de resolución a nivel nacional fue del 106,9%.
Además de los magistrados titulares de cada órgano especializado, se mantiene, como medida de refuerzo, a 102 jueces de refuerzo que se dividen en jueces comisionados con o sin relevación de funciones, jueces de adscripción territorial en funciones de refuerzo y jueces sustitutos adscritos en funciones de refuerzo.
Asimismo, las secciones civiles-mercantiles de las audienciasprovinciales que conocen de los recursos de apelación en relación con estos asuntos cuentan, además de con los magistrados titulares, con un total de 54 magistrados comisionados en funciones de refuerzo, si bien el CGPJ apunta que Baleares, Cantabria, Castilla y león y Murcia no disponen de estos refuerzos.
AUSENCIA DEL MINISTRO POR COMPARECER EN EL CONGRESO
A la reunión de este miércoles han asistido de forma telemática los vocales Gerardo Martínez Tristán y Mar Cabrejas, así como los vocales que integran la Comisión Permanente –Álvaro Cuesta, Nuria Díaz Abad, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo–, además del presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, que ha presidido el encuentro.
También han participado los consejeros de Justicia de La Rioja,Canarias, País Vasco y Cataluña, y otros responsables de Galicia, Asturias y Aragón, todas ellas, comunidades donde se encuentran losjuzgados afectados. A ellos se ha sumado el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, mientras que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no ha podido acudir dado que su comparecencia en el Congreso ha sufrido un cambio de horario.
CASO GALLEGO: CASI 20.000 DEMANDAS
Por parte de la Xunta, en el encuentro ha participado el director xeral de Xustiza, Juan José Martín.
En el caso de Galicia, los juzgados de primera instancia Nº 7 de A Coruña y del Nº 14 de Vigo, que son los especializados en las provincias de A Coruña y Pontevedra, respectivamente, en el último acuerdo de diciembre de 2019 habían sido especializados durante toda la anualidad del presente año 2020.
Dado que en el caso de los juzgados especializados de Coruña y Vigo el acuerdo sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, en la reunión se acordó la prórroga del plan por otros 6 meses más hasta finales de año para los juzgados especializados de Lugo y Ourense; de manera que en resumen Galicia seguirá contando con 4 juzgados especializados, uno por provincia, hasta finales de año.
Desde el inicio del plan, los juzgados especializados en Galicia recibieron casi 20.000 demandas por cláusulas abusivas, y según los datos estadísticos del Poder Judicial correspondientes al primer trimestre de este año, los juzgados gallegos resolvieron 10.000 procedimientos en esta materia.
A finales de marzo, se encontraban en trámite alrededor de 7.000 asuntos en los juzgados especializados gallegos (3.987 en la provincia de la Pontevedra, 2.733 en la provincia de A Coruña, 312 en la provincia de Ourense y 181 en la provincia de Lugo).