El BNG ha denunciado en el Congreso la «vulneración de los derechos lingüísticos que viven cada día miles de personas que hablan gallego y la resistencia por parte del Gobierno central a la puesta en marcha de políticas que favorezcan el uso de este idioma y contribuyan a aumentar el número de gallegohablantes.

Por esta razón, el diputado Néstor Rego ha exigido al Gobierno que se implementen las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Ministros de Europa sobre el respeto del contenido de la Carta de las Lenguas Minorizadas.

«Entre ellas, se pide al Gobierno de España que asegure en el ámbito educativo la protección de todas las lenguas oficiales, que se fomente el uso de ellas por parte de las autoridades judiciales, permitiendo la realización de los procedimientos en otros idiomas oficiales distintos del español, y también hace especial hincapié en el uso de las distintas lenguas oficiales por parte de la Administración General del Estado», ha destacado Rego.

El parlamentario ha asegurado que, pese a estas recomendaciones, en lo que va de legislatura, el BNG tuvo que presentar distintas iniciativas en relación con «numerosos incidentes que en que la Administración General del Estado no cumplía la legalidad vigente y no respetaba los derechos lingüísticos de los gallegos».

«Continuamente nos encontramos con trabas que dificultan la voluntad de vivir y expresarse en nuestra lengua, páginas web o documentación de los ministerios no accesible en las distintas lenguas oficiales, formularios e impresos que no existen o no pueden obtenerse en otras lenguas distintas del español, peticiones de traducción de los documentos aportados y continuas deformaciones de la toponimia que la Administración General del Estado se empeña en españolizar», señala.

Frente a ello, el BNG ha propuesto acometer una revisión de las diferentes vías de comunicación entre la administración y la ciudadanía (páginas web, formularios, impresos, folletos informativos) para asegurar que todos estos mecanismos sean accesibles en las distintas lenguas oficiales.

Además, ha urgido la corrección de la toponimia propia de Galicia en todas las comunicaciones que realiza la Administración central así como la formación de sus trabajadores para que en su trabajo diario respeten esa toponimia y los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

EXCLUSIÓN DE LA CIG

Por otra parte, el Bloque, a través de la diputada Montse Prado, ha registrado en el Parlamento de Galicia una pregunta oral en la que pide a la Xunta que explique los criterios por los que «excluyó» al sindicato CIG de las reuniones para tratar la situación laboral, económica y social motivada por la crisis del COVID-19 pese a «ser la primera central sindical de Galicia».

La formación censura que el pasado 13 de mayo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se reuniese de forma telemática con los secretarios xerais de UGT y CCOO y con representantes de la patronal pero no llamase a la central nacionalista.