El Defensor del Pueblo, en su informe de 2019, ha situado a los gobiernos autonómicos de Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia, Murcia y Melilla como «administraciones entorpecedoras» de su labor en 2019. En total 117 entidades generales, autonómicas y locales no han contestado a esta institución tras el tercer requerimiento de información.
Este informe, presentado este miércoles en el Congreso, detalla que diversos organismos de los gobiernos regionales de las autonomías anteriormente citadas se han demorado en contestar al Defensor del Pueblo durante 2019.
En concreto, estos organismos son el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, la Consejería de Derechos Sociales de Canarias, la Consejería de Hacienda de Melilla, la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, la Consejería de Agua de Murcia, la Dirección General de Comercio de Murcia, y la Dirección General de Energía de Murcia.
Por este motivo, la institución las enmarca dentro de las administraciones entorpecedoras habida cuenta de que no han dado «adecuada respuesta» a los requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo.
No obstante, desde este organismo explican que las características de cada administración son distintas, tanto por la repercusión del incumplimiento, como por la insistencia en el mismo o por los recursos disponibles por parte de las propias entidades.
En concreto, el documento de gestión de 2019 ha incluido a la Consellería de Política Social entre las administraciones que no han contestado tras un tercer requerimiento.
Así, se indica que en agosto de 2018 se remitió una reiteración de una Recomendación sobre la incorporación de personas reconocidas en situación de dependencia moderada al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). El tercer requerimiento se formuló en julio de 2019.
Adicionalmente, en julio de 2017, se pidió una ampliación de información sobre el desarrollo normativo de perros de asistencia a la Consellería de Política Social. De este modo, se consideró oportuno analizar el texto con entidades y organismos concernidos en el Consello Galego de Benestar para alcanzar un mayor consenso en esa propuesta. El tercer requerimiento se formuló en enero de 2019 y se recibió contestación en abril.
En noviembre de 2017 se inició una actuación de oficio para examinar los servicios de atención residencial y detectar dificultades de acceso a los mismos para personas mayores. El tercer requerimiento se formuló en mayo de 2019 y se recibió contestación en agosto por parte del Gobierno gallego.
Asimismo, se solicitó a la Consellería do Medio Rural una ampliación de información sobre la prevención de incendios forestales en Galicia en septiembre de 2018. Así, tras realizarse un tercer requerimiento en agosto de 2019, se recibió el informe correspondiente en octubre ese año.
TRES ADMINISTRACIONES GENERALES
Según este informe, tres entidades generales del Estado están consideradas por el Defensor del Pueblo como administraciones entorpecedoras de su labor el pasado año. Se tratan de la Secretaría de Estado de Cultura, la Dirección General de Política Interior y la Dirección General de Tráfico.
En concreto, a la Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte se le requirió por la conservación y mantenimiento de bienes de interés cultural, mientras que a las entidades dependientes de Interior fue por cuestiones generales y por el procedimiento sancionador.
También otras dos entidades públicas no dieron «adecuada respuesta» al Defensor del pueblo. Son la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por su funcionamiento de los órganos de gobierno y el Sindicato de Riegos Veguellina de Orbigo, en León, por las aguas superficiales.
ADMINISTRACIONES LOCALES
En el caso de las Entidades Locales, cerca de 100 ayuntamientos son considerados por este organismo como administraciones entorpecedoras durante el año pasado.
Estos municipios están en las provincias de A Coruña (1), Albacete (2), Alicante (2), Asturias (4), Badajoz (2), Baleares (5), Burgos (2), Cáceres (2), Cádiz (2), Cantabria (3), Ciudad Real (1), Córdoba (1), Cuenca (1), Gerona (1), Granada, (2), Guadalajara (5), Huelva (1), Jaén (1), La Rioja (2), Las Palmas (4), León (4), Madrid (9), Málaga (1), Murcia (12), Palencia (1), Pontevedra (3), Segovia (1), Sevilla (7), Soria (1), Tarragona (3), Tenerife (4), Teruel (1) y Toledo (8).
Sobre estas entidades, el Defensor del Pueblo entiende las «carencias» y la falta de medios materiales y humanos que les puede plantear la información requerida, si bien recuerdan que esto no les «exime» de la obligación de contestar a esta institución.
En el caso de Galicia, se señala que se solicitó información al Ayuntamiento de Ferrol en abril de 2018 sobre la negativa de acceso a varios expedientes de legalidad urbanística, así como que el tercer requerimiento se realizó en mayo de 2019.
Asimismo, en mayo de 2017 se solicitó al Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra) una ampliación de información sobre una web municipaldesactivada desde 2015, así como detalles en relación a una irregularidad en la periodicidad de los plenos ordinarios. El tercer requerimiento se realizó en marzo de 2019.
También se formuló una sugerencia sobre el estado de conservación de una parcela que conllevaba riesgo de incendio al Ayuntamiento de Catoira (Pontevedra). El tercer requerimiento se emitió en diciembre de 2019 y el informe se recibió en enero de 2020.
El Defensor del Pueblo solicitó al Ayuntamiento de Vigo información complementaria relativa a la redistribución de efectivos efectuada en la Policía Local en junio de 2018. El tercer requerimiento se efectuó en marzo de 2019 y el informe se recibió en mayo de ese año.
