El escudo social del Plan de Contingencia contra la violencia de género ha incorporado la protección de las mujeres víctimas de trata, explotación sexual y en contexto de prostitución para que «ninguna mujer quede desprotegida durante el estado de alarma».

Así lo ha trasladado este miércoles el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, a los medios, al tiempo que ha celebrado que estas «medidas adicionales» se conviertan en un hecho de «justicia social».

Según la delegación en la Autonomía, el estado de alarma y las medidas de confinamiento decretadas han «paralizado» la actividad «asistencial y ambulatoria de carácter presencial» de las ONG especializadas en la detección, atención e intervención psicosocial, por lo que «estas mujeres están expuestas a una mayor vulnerabilidad y desprotección de derechos».

A estas circunstancias se suma el hecho de que la mayor parte de estas mujeres «no cuenta con redes de apoyo familiares y no están familiarizadas con sus derechos y los recursos de su entorno». Un supuesto que empeora la difícil situación es el caso de las mujeres extranjeras en situación irregular que, además, desconocen el idioma.

La «marginalidad y el aislamiento» se «agrava» bajo estas circunstancias causadas por la crisis sanitaria y en muchos casos crea «una mayor dependencia de las redes que las explotan». Al mismo tiempo, «se están empezando a detectar casos de falta de alimentos y necesidades de una solución habitacional», ha precisado la Delegación del Gobierno.

OBJETIVOS

Por todo esto, este plan de acción urgente tratará de «garantizar el derecho a la información y petición de ayuda» con la distribución de teléfonos 24 horas a entidades especializadas, para que las mujeres puedan contactar con Policía Nacional, Guardia Civil y otros organismos.

También se buscar garantizar la detección e identificación de las víctimas a través del «refuerzo» de los «cauces de coordinación» entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y las entidades especializadas cuando se intervenga en clubs de alterne.

Por último, el tercer objetivo de esta medida es garantizar la «asistencia integral y la protección de las víctimas» a través de los servicios ambulatorios de asistencia integral (declarados esenciales), un alojamiento temporal seguro, facilidad para acceder al Ingreso Mínimo Vital y la estrecha colaboración con ONG.