La declaración del Estado de Alarma por la crisis del nuevo coronavirus COVID-19 también repercutirá en la distribución entre las comunidades autónomas de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para 2020. Fuentes del Ministerio de Igualdad han informado a Europa Press de la decisión de «aplazar» la Conferencia Sectorial del ramo que estaba previsto celebrarse antes de abril y que iba a abordar este reparto.

Las circunstancias excepcionales surgidas por la expansión de la pandemia del COVID-19 han provocado este aplazamiento, si bien la reunión con las comunidades autónomas tendrá lugar «cuando sea posible», tal y como han incidido estas mismas fuentes.

En ese encuentro se abordarán los criterios de reparto de los 100 millones de euros previstos para las CCAA para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017. Dicho pacto, que consta de más de 200 medidas, incluye el compromiso de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años, es decir, 200 millones anuales a repartir, de los cuales 80 son para la Administración Central, 100 para las comunidades autónomas y 20 para los ayuntamientos.

El acuerdo sobre la distribución de los fondos de 2020 que salga de esa sectorial deberá ser aprobado posteriormente por el Consejo de Ministros. El año pasado, este reparto recibió luz verde de este órgano el día 12 de abril, tras cerrarse en una Conferencia Sectorial celebrada el día 3 de ese mismo mes. En 2019, los criterios de distribución entre territorios atendían a la población, extensión geográfica, a necesidades específicas, entre otras variables.

ACREDITAR LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA SIN DENUNCIAR

Además de la distribución del crédito entre CCAA, en la Conferencia Sectorial prevista en el primer trimestre del año que finalmente no va a poder celebrase, también iba a ponerse encima de la mesa el denominado ‘título habilitante’. Se trata de un documento expedido por los servicios sociales que acredite la situación de ‘víctima de violencia de género’ sin necesidad de interponer denuncia para acceder a prestaciones y ayudas.

Esta medida fue aprobada por el anterior Gobierno en 2018 a través de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el desarrollo del ‘Pacto de Estado contra la Violencia de Género’, y también pasó por Conferencia Sectorial en abril de 2019. Si bien, el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero al frente, va a reunir a las Comunidades Autónomas de nuevo para unificar la forma de implantarlo.

Esta iba a ser la primera Conferencia Sectorial de Igualdad desde que se conformó el nuevo Gobierno de coalición. Si bien, la crisis del coronavirus hizo que el pasado viernes, durante el Estado de Alarma, se celebrase una comisión extraordinaria técnica de Igualdad, en virtud del Plan de contingencia contra la violencia de género aprobado durante esta situación.

PARALIZADA LA CONSULTA PÚBLICA DE LA LEY DE LIBERTADES SEXUALES

Aparte de provocar el aplazamiento de esta Sectorial, la crisis del COVID-19 también ha paralizado el proceso de participación pública del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, al igual que sucede con el resto de los trámites administrativos, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Igualdad.

El plazo para realizar alegaciones al anteproyecto arrancó el 9 de marzo, y estaba previsto que finalizase el 27 de marzo, si bien este periodo ha quedado suspendido ante las circunstancias excepcionales por el COVID-19.

Para participar, Igualdad facilitaba el email ‘participacion.publica@igualdad.gob.es’, vía telemática que no se vería afectada por el actual confinamiento obligatorio de los ciudadanos. Las alegaciones debían ir acompañadas del nombre y apellidos o razón social del participante, o de la organización o asociación, así como de un correo electrónico de contacto.

El trámite de participación pública del anteproyecto empezó tras la publicación del texto completo en la página web del Ministerio, algo que se hizo una semana después de recibir luz verde en el Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo.

Al respecto, algunos colectivos feministas críticos con el contenido de la ley tras acceder a «un borrador», criticaron que esta norma no se hubiera hecho pública antes de recibir luz verde el Consejo de Ministros. Además de levantar ampollas entre feministas que ven «contenido sexista» en el texto del anteproyecto, el borrador de Igualdad provocó discrepancias en el seno del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Entre otras cosas, en él se recoge una propuesta de reforma del Código Penal para eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual. El texto pone en el centro de los delitos sexuales el consentimiento expreso de la víctima para que no sea necesaria la existencia de violencia o intimidación.