El Gobierno del Principado de Asturias ha acordado con la Xunta de Galicia y el Gobierno de Cantabria las alegaciones que presentarán este jueves al estatuto electrointensivo con el objetivo de garantizar la competitividad de las empresas altamente electrointensivas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha incidido en que los tres gobiernos autonómicos han coordinado las alegaciones, atendiendo al análisis técnico y con la participación de las empresas y sectores afectados por el real decreto. Además, no se descarta que una cuarta comunidad se adhiera al acuerdo.

El consejero, que compareció junto a la portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez, ha explicado las principales líneas de las alegaciones, entre las que destaca la petición de incorporar una definición diferenciada para los consumidores electrointensivos y para los consumidores altamente electrointensivos.

Según Enrique Fernández, la actual redacción del estatuto no aborda la competitividad de las empresas altamente electrointensivas y supondría descuentos «insuficientes y desiguales» para este tipo de industria.

En esa línea, se busca elevar la rebaja en el precio de la electricidad hasta los 10 euros para las empresas altamente electrointensivas, que el documento inicial fija en una media conjunta de 2,25 euros/MWh.

Otra alegación relevante para este tipo de industria es el incremento de las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2 hasta «el máximo» normativo que permite la UE y que podría rondar los 300 millones de euros anuales.

Además, pretenden llevar las reducciones de cargos hasta el límite máximo permitido por la Unión Europea, así como una rebaja en la fiscalidad para la industria altamente electrointensiva superior a la actualmente reflejada en el borrador.

También se demandan más incentivos para los contratos bilaterales en el sector eléctrico (PPA) y la recuperación de la interrumpibilidad con el formato previo a la última subasta, entre otras alegaciones recogidas en el documento de once páginas.

ALU IBÉRICA Y TÉRMICAS

El consejero se ha referido, asimismo, a la advertencia realizada este miércoles por Alu Ibérica, nueva denominación de la antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés tras su compra por Parter Capital, de que el coste eléctrico que resulta del borrador de estatuto «haría imposible» que pueda producir aluminio primario en España y pondría en riesgo a los más de 320 empleados de ambas plantas.

El responsable asturiano de Industria ha apelado al «diálogo» entre la compañía y el Gobierno central para procurar alcanzar un acuerdo «cuanto antes», desde la posición de intermediario del Principado con el objetivo de «mantener la actividad y el empleo» en la comunidad.

Igualmente, Fernández ha confirmado que al Gobierno asturiano le «consta» que hay compañías que «pueden tener proyectos», en la línea de las declaraciones de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que afirmó que existen propuestas «muy interesantes» por parte de los titulares de las centrales térmicas abocadas al cierre.