El PSOE, Unidas Podemos y los partidos minoritarios, incluido el BNG, que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez han rechazado este martes en el Congreso, en algunos casos con desdén y burlas, la proposición de reforma del Reglamento del Congreso promovida por el PP para acabar con las ‘coletillas’ que algunos diputados vienen utilizando en los acatamientos de la Constitución antes de adquirir la condición plena de parlamentarios.

Los ‘populares’, por boca de su diputado Carlos Rojas, ha subrayado la necesidad de reformar el Reglamento de la Cámara para limitar al ‘sí, juro’ o sí, prometo’ los acatamientos a la Carta Magna y acabar con el «zarpazo» que, a su juicio, algunos diputados dieron a los valores constitucionales y otros «ampararon» durante la sesión constitutiva del Congreso del pasado 3 de diciembre.

«No se puede jurar por repúblicas que no existen o en nombre de condenados por la justicia por delitos gravísimos. No se puede faltar el respeto a España y a la Constitución», ha manifestado Rojas, lamentando que en aquella sesión «nadie» interrumpiera esos «desacatos» al texto constitucional, en alusión a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Aquella sesión estuvo plagada de un amplio catálogo de ‘coletillas’ añadidas a la mera promesa o juramento que establece la legislación: los independentistas catalanes se refirieron a la soberanía del pueblo catalán, apelaron a la «república catalana» y recordaron a los condenados por el proceso independentistas de 2017, definiéndolos como «presos políticos»; Vox juró «por España» y los de Unidas Podemos aprovecharon para defender los derechos sociales, el planeta o las mujeres asesinadas.

Pese a las protestas del PP, Vox y Ciudadanos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dio por buenas todas las fórmulas, y pocos días después los ‘populares’ y los de Santiago Abascal advirtieron de que recurrirían en amparo al Tribunal Constitucional. La polémica ya venía de la pasada legislatura, en la que el PP y Ciudadanos ya recurrieron este asunto en el TC.

El BNG ha explicado su voto en contra porque pretendía «recortar derechos y libertades públicas y muy especialmente el pluralismo político». «Una propuesta que buscaba cuestionar la legitimidad de los representantes de las formaciones nacionalistas y soberanistas, que representan en el Congreso más de 2 millones de personas», ha apuntado.

La formación nacionalista gallega, que «rechaza» la Constitución precisamente porque «niega los derechos colectivos de la Galicia como nación e impone un régimen monárquico y unitario que se manifiesta cada vez más injusto».

Así, el BNG considera que «pretender limitar la voluntad popular, particularmente el voto de las 120.000 personas que apoyaron el BNG en las últimas elecciones, con un formalismo legla es absolutamente antidemocrático y atenta contra el derecho de participación política», como, advierte, ya sentenciaron fallos del Tribunal Constitucional al respecto.

SE HAN «CARGADO» LA JURISPRUDENCIA DEL TC

La propuesta del PP ha cosechado el apoyo de Vox, Ciudadanos y de Foro Asturias, socio electoral del PP en esa comunidad, y el desdén del resto de formaciones política intervinientes, que han aprovechando para descalificar al primer partido de la oposición, para reclamar directamente la supresión de los acatamientos de la Carta Magna y para reiterar la misma fórmula utilizado en su día antes de adquirir la condición plena de parlamentario.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos han echado en cara a los ‘populares’ que se haya «cargado» la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las fórmulas de acatamiento, que ahora reclamen lo que en su día permitieron con Ana Pastor en la Presidencia del Congreso y le han recriminado que lo que persiguen con su proposición no es otra cosa que «echar a la mitad de los diputados porque son unos absolutos infieles», en palabras del exlehendakari Patxi López.

De «ejercicio de hipocresía» ha tachado el portavoz de Podemos, Rafael Mayoral, esta iniciativa de los ‘populares’, a quienes ha afeado que adopten una posición «inquisitorial» con este texto cuando el pasado 3 de diciembre protagonizaron un momento de «hooliganismo» para ver quién aplaudía más al Jefe del Estado.

Desde Esquerra Republican (ERC), Pilar Vallugera se ha burlado de la propuesta del PP, a cuyos representantes ha llegado a llamar «energúmenos», les ha censurado por tratar de «humillarles» con la obligación de jurar o prometer la Constitución y ha cerrado su intervención volviendo a prometerla «por la libertad de los presos políticos, los exiliados y hasta la República catalana».

«Hasta la creación de la República vasca» ha vuelto a prometer, por su parte, la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, quien ha censurado al PP por pretender con esta iniciativa que los independentistas «abracen» la Constitución que defiende «la indisoluble unidad de España» y quien ha aprovechado para exigir que se elimine por completo la obligación de jurar o prometer la Carta Magna.

La misma reivindicación ha hecho el diputado del PNV Mikel Legarda, quien considera que el texto del PP es «una concha vacía» que, a su juicio, sólo busca «un estrecho marcaje a la Presidencia de la Cámara».

HAY QUE ILEGALIZAR A LOS PARTIDOS SEPARATISTAS

En su turno, uno de los abogados de Carles Puigdemont y diputado de Junts, Jaume Alonso-Cuevillas, ha recalcado que en las elecciones los ciudadanos escogen a diputado, «y no a candidatos a diputados», que es lo que explica que se haya permitido al expresidente catalán y sus consellers ejercer como eurodiputados y lo que «en breve» le ocurrirá al líder de ERC, Oriol Junqueras.

Por contra, desde Vox su diputado Ignacio Garriga ha avanzado su apoyo a la propuesta del PP si bien ha defendido la necesidad de ir más allá porque la reforma que pone encima de la mesa, a su juicio, no es más que un «parche». En concreto, «el único modo» de establecer el orden constitucional pasa por la ilegalización de los partidos separatistas.

Por último, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz también ha dicho que respaldará este texto ‘popular’ porque considera necesario actuar antes aquellos que juran o prometen «cargarse el Estado de Derecho» cuando desde la Presidencia del Congreso «no se hace nada» mientras que el PSOE «sonríe desde sus escaños».