Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han rechazado en el Consejo de Política Fiscal y Financiero celebrado este viernes la senda de déficit propuesta por Hacienda, y aprobada aún con su voto en contra, porque entienden que es a cambio del IVA de 2017 que finalmente no van a cobrar, 2.500 millones entre todas. Además, han exigido la reforma ya del sistema de financiación para tener más recursos.

El madrileño Javier Fernández-Lasquetty ha censurado que la solución no es permitir más déficit sino liberar los fondos que «son» de las comunidades autónomas y que su región ha reclamado ya en los tribunales. Además, ha advertido contra que se puedan establecer déficits asimétricos, distintos para cada autonomía, algo que a su juicio la ministra ha «insinuado».

«Eso ya se hizo y la Comunidad de Madrid estuvo en contra, no pueden ser penalizados los que cumplen y mejor tratados los que incumplen», ha advertido.

El consejero madrileño ha pedido además información sobre las entregas a cuenta del sistema de financiación que corresponden a las autonomías este año, que Hacienda enviará más adelante, y explicaciones sobre las menores entregas a cuenta que recibió Madrid en 2019. «Sigue sin haber explicación sobre 54 millones de euros para financiar servicios de los madrileños que no han venido, y sin motivo para ello», ha dicho.

Con respecto al sistema de financiación, varias comunidades han pedido líneas generales de actuación y algún calendario, pero Hacienda no ha ofrecido fechas y ha explicado que se va a reunir con los grupos parlamentarios para conocer su disposición.

El murciano Javier Celdrán ha insistido en que este es el problema de las comunidades, la «infrafinanciación». «Lo que hay que hacer es dotar a las comunidades de la financiación necesaria para que prestemos en condiciones nuestros servicios», ha reclamado.

El consejero ha rechazado que la ministra plantee hablar ahora con los grupos parlamentarios y no ofrezca «metodología, cronología ni plazos» a las comunidades. Su conclusión es que «no se va a solucionar y va a seguir generando un grave perjuicio para todos los murcianos».

Javier Celdrán ha planteado también en el CPFF la posibilidad de que el Gobierno autorice a Murcia a pedir un préstamo al BEI (Banco Europeo de Inversiones) para recuperar el Mar Menor y que Hacienda rechaza. El consejero ha insistido una vez más en reclamar ayuda al Ejecutivo bien para que «ponga en marcha actuaciones» en la zona o para que autorice a Murcia a lograr los fondos.

«Yo creo que la ministra tiene ciertos prejuicios con la Región de Murcia. Le he tratado de trasladar que el problema de déficit y deuda que tenemos está demostrado que en el 85 por ciento se debe a la infrafinanciación», ha agregado.

Por parte de Andalucía, Juan Bravo ha reiterado sus críticas al impago del IVA y a que a cambio se ofrezca «un préstamo». «Le hemos propuesto posibilidades pero ella no quiere pagar los 2.500 millones», ha dicho de María Jesús Montero.

«Salimos profundamente preocupados porque vemos que la solución que se busca para este país no es la del compromiso con las comunidades autónomas», ha añadido.

El consejero andaluz ha censurado además que no se haya ofrecido hoy a las comunidades el déficit que se reserva el Estado y ha reclamado para las autonomías la información que Hacienda les exige a ellas. «Yo creo que la lealtad es compartir lo bueno y lo malo que tenemos cada uno», ha añadido.

En cuanto al consejero gallego, Valeriano Martínez, ha ratificado que la postura de Galicia no ha variado, por lo que mantiene la intención de acudir a los tribunales para reclamar los 200 millones de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017.

Aunque ha percibido una apertura al diálogo y ve un cambio de actitud por parte del Ejecutivo estatal, que ha puesto sobre la mesa medidas paliativas ligadas al déficit de las que «habrá que seguir hablando» porque «tiene que haber una cuantificación», Martínez ha defendido, en declaraciones a los medios, que no puede «salir contento» del encuentro.

«En modo alguno podemos estar contentos con esta situación», ha dicho Martínez, quien ha ratificado que, a día de hoy, Galicia no ha variado su postura en relación a acudir a la Justicia por el IVA. También ha advertido de que la comunidad no va a renunciar a los 170 millones que exige por cumplir las reglas fiscales.