Los sindicatos nacionalistas de Euskadi, Cataluña y Galicia LAB, ELA, CIG y CSC han acordado pedir a las fuerzas políticas soberanistas de sus respectivas comunidades autónomas (PNV, EH Bildu, BNG, Esquerra, CUP y Junts per Cat), con representación en el Congreso, que incluyan en sus agendas las principales reivindicaciones recogidas en una declaración conjunta en favor de un marco propio de relaciones laborales y la derogación de las reformas económicas y los recortes sociales.

Los secretarios generales de los cuatro sindicatos, Mitxel Lakuntza (ELA), Garbiñe Aranburu (LAB), Paulo Carril (CIG) y Carles Sastre (CSC) han comparecido este miércoles en Bilbao tras reunirse para acordar lo que han calificado de «un diagnóstico común y compartido en torno a la realidad sociopolítica y laboral del Estado español».

La declaración conjunta incluye cuatro puntos, y su intención es trasladársela a los partidos políticos autonómicos en una reunión que han fijado para el 19 de febrero en Madrid.

Los cuatro representantes sindicales han señalado que la formación del nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha abierto «un nuevo escenario y un nuevo tiempo político» propicio para iniciar una vía de colaboración y «reforzar» una agenda social común que incluya, entre otras cuestiones, el reconocimiento del derecho a decidir» y la defensa de «un marco propio de relaciones laborales».

Igualmente, piden una «agenda inequívoca para revertir las reformas laborales y de las pensiones y una defensa del sistema público de protección social.

En su intervención, Mitxel Lakuntza ha afirmado que los cuatro sindicatos comparten «por desgracia, problemas asociados a la precarización y las políticas neoliberales de sus respectivos gobiernos autonómicos», además de la necesidad de «influir de forma conjunta y condicionar la agenda política».

HASTA EL ÚLTIMO VOTO

Por ese motivo, han hecho un doble llamamiento, por un lado a los gobiernos autónomicos y al nuevo gobierno central, pero también, «a las fuerzas políticas con presencia en Madrid» porque, con la nueva composición parlamentaria del Congreso, «la mayoría española va a necesitar hasta el último voto» para sacar adelante sus políticas.

En ese sentido, ha remarcado que los cuatro sindicatos están de acuerdo en que «la música del nuevo gobierno central es una cosa y la letra, otra distinta, porque los acuerdos económicos y laborales suscritos hasta ahora son insuficientes».

En este punto ha citado que la defensa de los marcos de relaciones laborales propios son una preocupación común porque desde 2010, las reformas han ido siempre dirigidas a buscar «la recentralización de la negociación colectiva en Madrid y se trata de recuperar la capacidad de poder negociar convenios a nivel de cada comunidad autónoma».

Garbiñe Aranburu, por su parte, ha señalado que «es importante fijar una posición común frente al Gobierno del Estado español». «Por eso, hemos querido situar nuestras reivindicaciones ante el nuevo Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y seguir luchando por un proceso de transformación social que suponga avanzar en democracia y soberanía», ha apuntado.

Aranburu ha coincidido con los secretarios generales de los sindicatos catalán y gallego en que «el auge de la ultraderecha condiciona la agenda política hacia el autoritarismo, y el bloque de la derecha apuesta claramente por la involución en una apuesta clara por la recentralización y la pérdida de derechos laborales y sociales».

Desde su punto de vista, también parece, además, que «la apuesta del Gobierno actual pasa por mantener el régimen actual», sin grandes modificaciones, y «sin revertir en su integridad los recortes sociales que ha habido durante los últimos años».

Aranburu ha señalado que con este manifiesto sindical conjunto buscan «cambiar de raíz el actual sistema, defender otro modelo social, hacer propuestas concretas para poner freno a la precarización y avanzar hacia un modelo que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro».

SIN PODER POLÍTICO

Los cuatro representantes sindicales han coincidido en que, para poder materializar esas propuestas, los trabajadores necesitan poder político para cambiar las cosas y por ese motivo defienden que las luchas en favor del cambio social y la soberanía van de la mano y son la misma lucha», algo que pasa por contar con un modelo que ponga la justicia social y la redistribución de la riqueza en el centro».

El manifiesto aboga por un «sindicalismo combativo, desde el convencimiento de que el denominado diálogo y de concertación social no son las vías de solución ante esta grave realidad, más bien al contrario, pretenden la domesticación y desmovilización ante las injusticias».

En este punto, el representante del CIG gallego, Paulo Carril ha precisado que los firmantes del manifiesto no prevén pedir a UGT y CCOO que se sumen a la declaración «mientras legitimen las políticas neoliberales que se siguen escandalosa y obscenamente manteniendo en el Estado».

Desde su punto de vista, acuerdos como la subida del salario mínimo a 950 euros, suscrito con patronal y Gobierno central, «significan contribuir a la cronificación de los bajos salarios» y evidencian su apuesta por dar «un papel obsesivo por pensar que el diálogo social puede ligarse a una mejora de las condiciones de los trabajadores».

Por su parte, Carles Sastre, de CSC, ha asegurado, que los cuatro sindicatos comparten «serias dudas de que el nuevo gobierno de coalición en Madrid vaya a plantear un cambio sociolaboral real» porque lo que hasta ahora han planteado son solos «retoque de maquillaje sin demasiada trascendencia».

También ha alertado de la separación en dos ministerios de Trabajo y Seguridad Social, lo que «no es un detalle menor» de cara a desvincular las pensiones de lo laboral dentro de una situación de crisis de modelo» y, en su opinión, está demostrando que «son las derechas y los empresarios quienes mandan en la agenda política».