La Xunta de Galicia cuenta con cinco expedientes de extinción en las cuencas de Galicia-Costa. La responsable de Augas, Teresa Gutiérrez ha señalado que se está avanzando en la tramitación por la caducidad de las concesiones hidroeléctricas y que actuarán defendiendo «el interés general» y atendiendo a cada caso y su «rentabilidad social, patrimonial y natural».

Así lo ha trasladado en respuesta a una pregunta del diputado Francisco Casal, del grupo mixto, en la que ha asegurado que se están realizando los estudios e informes pertinentes, tanto económicos, como ambientales y de compatibilidad, en función al proceso establecido en la Planificación Hidrológica.

Casal instó a la Xunta a avanzar en el retorno del servicio ante la próxima caducidad de determinadas concesiones, como la central de As Conchas, que finaliza en 2024, y ha destacado la «importancia» del trabajo par que Galicia tenga «la mayor soberanía» energética posible.

La directora de Augas de Galicia ha explicado que existen diferentes alternativas para cada caso, desde la eliminación de las obras construidas y restitución de los terrenos, la conservación de las instalaciones por interés Patrimonial o impacto positiva, hasta la continuidad de la explotación, que revierta en el interés público como activo para la Comunidad.

En el caso de As Conchas, ha advertido de que se sitúa en una cuenca hidrográfica de carácter comunitario y de competencia estatal, en la Confederación Hidrográfica de Miño-Sil, pero que la Xunta está «allí» y velará porque todo el proceso se haga bien, aunque ha rechazado postularse sobre una posible recuperación hasta conocer los informes ambientales pertinentes.

SECTOR NAVAL

Por otro lado, el director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Juan Cividanes, ha asegurado este jueves que la Xunta está «muy implicada» en el desarrollo y en el apoyo al sector naval, que acumuló contratos por 250 millones de euros en 2018 y el 62 por ciento del total de la carga de España en los primeros nueve meses de 2019.

Sobre la situación de Barreras, en concreto, ha recordado que se instrumentalizaron mecanismos de financiación tras hablar con el sector, por facturas en proceso de cobros de la industria auxiliar que, a día de hoy, se tradujeron en 17 préstamos por 5 millones de euros.

También se ha referido a las críticas por parte de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), que acusó al Puerto de Vigo de ejercer una «política de obstrucción» con respecto al proyecto presentado por Vicalsa para reactivar la construcción y reparación naval en las instalaciones del astillero Vulcano.

En este sentido, Cividanes ha rechazado hablar de este caso concreto, que está inmerso en el ámbito judicial, y ha pedido «respetar» que los responsables de realizar esa selección hagan su trabajo- a pesar de ello, se ha mostrado convencido de que habrá «oportunidad» para que Vulcano pueda continuar su actividad en el sector naval. «no se si en esa concesión actual, o en otra».