El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha calificado de «pequeña broma» que el PSdeG abogue por resolver la deuda de 200 millones de euros derivada de la mensualidad del IVA correspondiente a la mensualidad de diciembre de 2017 con el nuevo modelo de financiación, antes de llamar a dejarse de «cosas raras» y manifestar su deseo de que el Ejecutivo central pague sin que haya que llegar a los tribunales.

«Todo el mundo ve que el Estado debe 200 millones de euros a Galicia por el IVA menos Gonzalo Caballero», ha esgrimido Puy, en rueda de prensa, antes de añadir que también lo constata el BNG, si bien «no lo consideró lo suficientemente urgente como para ponerlo en el pacto» que suscribió con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La Xunta, ha insistido Puy, no descarta «ninguna vía», incluido «el correspondiente requerimiento de una acción legal».

En cuanto a la propuesta de Caballero, ha esgrimido que supone «una pequeña broma» decir que el Ejecutivo estatal pagará «este incumplimiento» cuando se apruebe el siguiente modelo de financiación autonómica, cuando el pago de las cantidades que se adeudan «está incluido en el sistema vigente» y ni siquiera parece que haya «mucho interés» en impulsar una reforma.

No en vano, ha remarcado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) lleva año y medio sin reunirse. Por eso, ha insistido en que el plan puesto sobre la mesa por el dirigente socialista gallego es «una disculpa bastante mala» y le ha instado a «aprender» de otros líderes autonómicos de su partido que distinguen entre «el apoyo y colaboración» con un Gobierno de su mismo color político y «la defensa de los intereses de su territorio».

«TENER UN MÍNIMO DE RIGOR»

Puy considera que la postura de Caballero, si se compara con la de otros dirigentes autonómicos de su partido que ya han avanzado que incluso están dispuestos a ir a la Justicia si el Gobierno no paga, resulta «lamentable».

Así, ha reivindicado que es preciso «tener un mínimo de rigor», ha defendido que las deudas con las comunidades «no prescriben» y ha insistido en que «lo que hay que hacer es defender lo que hay que defender y no andar con cosas raras».

«El Gobierno debe 200 millones de 2017 y esperamos que no haya que ir a los tribunales para que pague», ha remarcado, antes de concluir que el Gobierno central podría encontrarse con 17 autonomías en la Justicia.