El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido, tras pronunciarse el Tribunal Supremo a favor de mantener inhabilitado al presidente catalán, Quim Torra, que el hecho de que su homólogo estatal, Pedro Sánchez, «vaya a iniciar» la ronda de contactos con dirigentes autonómicos «con un presidente» de quien el alto tribunal considera «que no merece el acta de diputado» es «una declaración de intenciones».

A su modo de ver, el mensaje que se lanza es que «cuanto más se incumpla, más capacidad de interlocución habrá con el Gobierno central» y, cuanto «más leal» sea un dirigente autonómico con el Ejecutivo estatal, «más dificultades» tendrá.

Tras el Consello de la Xunta, Feijóo ha incidido en que el pronunciamiento del Supremo se adopta «por unanimidad» y ha subrayado que se trata de una decisión «razonable y lógica» en el ámbito del derecho en España.

Así, ha manifestado que espera que «en la modificación del Código Penal» que plantea el Ejecutivo «no se incluya una modificación a la carta» para que un presidente de una comunidad que, «de forma reiterada y obscena incumple los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de su comunidad quede impune».

«Pues no», ha espetado, antes de subrayar que un presidente debe ser «el primero en dar ejemplo» al conjunto de la ciudadanía. En este punto, preguntado sobre la reunión de Sánchez y Torra, ha remarcado que «la unanimidad» del pronunciamiento del Supremo «es lo suficientemente clara para tomar una decisión».

REFORMA «A LA CARTA»

Sobre la reforma del Código Penal y en particular del contenido relativo al delito de sedición, Feijóo ha ironizado con que el actual presidente «ya contestó» a Sánchez cuando era «candidato a la Presidencia» y decía «que había que cumplir íntegramente las penas y traer al señor Puigdemont para ello».

«Ahora el presidente ya ha contestado al candidato a la Presidencia que no, que ya no es necesario y que vamos a modificar el Código Penal para que los que están condenados dismiminuyan sus penas», ha esgrimido, para añadir que, «en una democracia», el Gobierno «nunca, nunca, nunca» debe «reformar un Código Penal a la carta».

«Y muchísimo menos a la carta de personas que han cometido delitos de forma flagrante con sentencia definitiva del Supremo. Y que, además, son políticos. Indultar a un político cuando al común de los mortales se le aplica el Código Penal es impropio de una democracia consolidada», ha subrayado.

También ha añadido que, si hasta ahora se conocía «la letra» del «acuerdo» de Sánchez «con los independentistas», ahora «se empieza a conocer lo que no se atrevieron a poner por escrito», los «contenidos opacos y oscuros» del pacto.

«Lo que debería hacer el Gobierno es pagar las facturas a las comunidades a las que nos debe dinero y no a los independentistas, que no les debemos nada y se les paga con la modificación del Código Penal», ha zanjado.