El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha presentado este viernes la alternativa de 1.236 millones que su formación propone frente al proyecto de presupuestos presentado por la Xunta que cuenta con «más recursos que nunca y menos respuestas para la gente».

Besteiro ha presentado en rueda de prensa la enmienda a la totalidad que el grupo ha registrado en la Cámara gallega para pedir la devolución de unas cuentas que, según ha denunciado, «debilitan los servicios públicos y abren la puerta a hacer negocio con lo que debería ser un derecho».

El secretario xeral del PSdeG ha recordado que la buena marcha de la recaudación permite a la Xunta disponer de unos 900 millones más que el año pasado, que llegan a través de «ese sistema de financiación que tanto critica el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Sin embargo, ha añadido, «lo más importante de estos presupuestos es cómo afectan las cuentas a la vida de la gente».

En este punto, ha censurado que el PP mantenga el alivio fiscal a los grandes patrimonios mientras ofrece al resto una rebaja del IRPF «realmente irrisoria», que deja a los gallegos y a las gallegas «aproximadamente dos cafés al mes».

Como ejemplo, ha señalado que los bingos siguen con la rebaja fiscal de impuestos que se les dio para recuperarse de la covid. «Fíjense ustedes como establece el PP sus prioridades en materia fiscal», ha ironizado para señalar que para Besteiro «estas cuentas no alivian los problemas de la gente», sino que «lo que hacen es precisamente agravar esos problemas».

«Hoy tenemos una situación absolutamente dramática en relación con la vivienda y las políticas de Rueda no hacen más que agravarla», ha afirmado para destacar que las peticiones de vivienda pública subieron un 150% desde que Rueda preside la Xunta y que en el último año se sumaron a la lista 41 personas cada día. Mientras, ha denunciado que, en la sanidad, las personas que llevan más de un año esperando por una consulta médica pasaron de 145 a 1.118 en doce meses. A ello ha añadido que Facenda pretende subir las tasas y los precios de los servicios públicos en cuanto se contenga la inflación. Y todo, ha dicho, con una economía gallega que «sigue por detrás de la española en salario y en creación de empleo».

Frente a eso, el PSdeG propone movilizar 1.236 millones para hacer reforzar los servicios públicos y conseguir que la bonanza económica «se traslade también a todas las familias gallegas de una forma real». «El dinero saldrá de poner fin a los privilegios fiscales de las grandes fortunas y de los grandes patrimonios y de aplicar la condonación de la deuda», ha afirmado.

Los ayuntamientos llevan a la partida más grande, con 289 millones más. De ellos, 200 irán a un Plan Único de financiación municipal abierto a todos, a semejanza del que hay en las diputaciones provinciales, y 30 a compensar íntegramente el canon de Sogama. Otros 50 millones servirán para modernizar las redes de abastecimiento y reducir las pérdidas de agua, una obra que señala que los ayuntamientos solos no pueden afrontar.

Besteiro la ha ligado a la sequía, que «apareció con toda la crudeza este año» y que, conforme ha advertido, «viene para quedarse». Incluye también cuatro millones para la capitalidad de Santiago y otros cuatro para el Consorcio de Vigo. Es la respuesta de los socialista a la «asfixia» denunciada esta semana en el Parlamento por los presidentes de las diputaciones de A Coruña y Lugo.

En el rural, el PSdeG reserva 100 millones para un plan integral de prevención de incendios y de recuperación de las zonas quemadas, en un contexto en el que avisan de que muchas «hoy no están recuperadas». Añade 15 millones para mejorar las condiciones de quien trabaja en la prevención y en la extinción, y otros 100 para el Plan Galego de Adaptación Climática e Seguridade Hídrica, para recuperar agua y evitar pérdidas, sobre todo lejos de los grandes núcleos urbanos, donde la falta de agua castiga la actividad agroganadera y forestal.

De cara a la Galicia interior, propone un fondo industrial de equilibrio territorial, con 50 millones, para desarrollar políticas industriales en Lugo y Ourense «dirigido específicamente a recuperar un equilibrio territorial», lo que obliga, según los socialistas, a cambiar las prioridades de inversión de la Xunta.

200 MILLONES ADICIONALES PARA VIVIENDA

En vivienda, la enmienda suma 200 millones. Besteiro ha defendido el Banco Público de Alquiler, que «donde se está aplicando tiene unos resultados fantásticos», y la ampliación del bono alquiler para jóvenes.

Los socialistas apoyan las zonas tensionadas, con los beneficios fiscales para losa arrendadores de esas zonas, y destinan 40 millones a residencias universitarias públicas. También quieren reforzar la rehabilitación de barrios y actuar sobre la vivienda vacía en lugar de hilarlo todo a «pisos nuevos que obligarán a esperar durante muchísimos años».

La sanidad recibiría 133,5 millones más, con la atención primaria como «verdadera prioridad». Incluye 23 millones para personal sanitario y no sanitario, logopedia, podología, más fisioterapia y trabajo social y 19 millones para salud mental. En política social, el PSdeG señala que los 185 millones «por encima del propio incremento que fija la Xunta» permitirían hacer gratuita la ayuda en el hogar y recuperar la Tarjeta Básica que el PP «les retiró a las familias más vulnerables», además de impulsar residencias de cercanías cofinanciadas con las diputaciones.

En educación, proponen 36 millones más para recuperar la propuesta socialista del inicio de curso, con profesorado de apoyo, orientadores, cuidados y la mejora de 60 centros. Se añaden las becas comedor y el mantenimiento de la gratuidad de las tasas universitarias.

PEAJES Y ELECCIONES

La alternativa recoge, además, 30 millones para liberar de peajes la AG-55 y la AG-57, las autopistas de la Xunta, porque, conforme ha señalado Besteiro, lo que se pide para las autopistas del Estado, también se debe aplicar aquí.

Besteiro ha recordado la próxima celebración de comicios y ha sostenido que los presupuestos pesarán en la decisión. «De lo que estamos hablando, tanto el 29 de noviembre como ahora, es de dos modelos». «El del PP», ha dicho, que «penaliza los derechos sociales y que hace que la bonanza solo beneficie a unos pocos» y el de los socialistas», con una «apuesta clara por los servicios públicos y por su fortalecimiento, y no por la deriva hacia lo privado y el debilitamiento de los servicios públicos».

Por último, ha insistido en que ese debate es el mismo que se decide en España, con la vivienda como «quinto pilar del Estado del Bienestar» junto a las pensiones, a la educación y a la sanidad públicas y a la dependencia. Y ha citado la AP-9, cuya transferencia votaron en contra PP y Vox en el Congreso. «No podemos reclamar la gratuidad de la AP-9, pedir la transferencia, después no quererla, no aceptarla, y seguir manteniendo los peajes en la AG-55 y en la AG-57», ha criticado.