Dirigentes de Xunta y Gobierno central, con el presidente gallego, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente, han cerrado este jueves el traspaso a Galicia de las competencias de autorizaciones iniciales de trabajo a personas extranjeras y aeródromos y helipuertos considerados no esenciales.

Cerrados los acuerdos por la Comisión Mixta de Transferencias, Rueda y Torres han comparecido juntos para informar de los detalles acordados. El ministro ha ratificado que el traspaso se hará efectivo el 1 de marzo de 2027 en el caso de los permisos de trabajo y ya desde el 1 de enero para la gestión de aeródromos y helipuertos.

Cuando se haga efectiva la competencia, Galicia asumirá funciones relacionadas con la tramitación y gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros por cuenta propia o ajena cuando la actividad laboral se desarrolle en la comunidad autónoma.

El traspaso incluye también permisos de trabajo para actividades de temporada, la gestión colectiva de contrataciones en origen en los trámites de carácter laboral y la verificación de determinados requisitos vinculados a las autorizaciones por arraigo sociolaboral y socioformativo.

El Estado mantendrá las competencias relativas a la legislación aplicable, las relaciones internacionales, la orientación de las ofertas de empleo hacia determinados países y las autorizaciones de residencia y trabajo que no son objeto de este acuerdo, entre otras funciones.

Para hacer efectivo el traspaso se incorporarán cinco puestos de trabajo vacantes de personal funcionario, distribuidos entre las cuatro provincias gallegas: dos en A Coruña y uno en cada una de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. Fuentes de la Xunta han explicado, además, que la cesión de la competencia llegará acompañada de 14 metros cuadrados de oficinas y de 150.000 euros.

AERÓDROMOS Y HELIPUERTOS NO COMERCIALES

En el caso de aeródromos y helipuertos no comerciales, el Estado aporta para acompañar la competencia 9.200 euros. Afectadas están 40 infraestructuras que mantendrán su titularidad, pero la Xunta asume las funciones de ordenación.

De ellas, 36 tienen titularidad pública y están dedicadas a servicios fundamentales como lucha contra incendios, transporte sanitario o salvamento marítimo. Las cuatro restantes son de titularidad privada, y tienen funciones diversas de índole deportiva, como escuelas de vuelo u operaciones de aviación general.

Más en detalle, la comunidad asumirá funciones como la aprobación de los proyectos de construcción y modificación de estas instalaciones, así como de sus planes e instrumentos de ordenación y delimitación de las respectivas zonas de servicio. También le corresponderá autorizar su construcción, modificación y apertura al tráfico aéreo, previa solicitud de los informes preceptivos en seguridad aérea establecidos por la normativa estatal.

El Estado seguirá ejerciendo las funciones ligadas a sus competencias en materia de aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico aeronáutico y matriculación de aeronaves, así como las relativas a la seguridad y la inspección aeronáuticas.

NINGÚN TRASPASO EN EL MANDATO DE FEIJÓO

Los nuevos traspasos se unen al que se selló en abril del año pasado relativo a la competencia de gestión del litoral. Era el primero que recibía la comunidad (no se materializó ninguno bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo como presidente gallego) desde 2008, en casi 17 años.

El Ejecutivo gallego asumió las competencias de gestión costera de forma plena en julio de 2025. Llegaron tras unas negociaciones que no fueron sencillas y después de que el Tribunal Constitucional (TC)avalase la ley autonómica.

En el caso de los traspasos que, si se cumple lo previsto por ambas administraciones, se cerrarán este jueves, aunque ha habido diferencias puntuales y la Xunta se quejó de un avance lento en determinados momentos, hubo acuerdo desde el principio en que debían llevarse a cabo.

BUENA SINTONÍA DE TORRES Y RUEDA

En este marco, la capital gallega se ha convertido en escenario del cierre de los nuevos traspasos a través de la Comisión Mixta de Transferencias, que incluye a representantes de ambas administraciones, entre ellos el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. Pero, además, Rueda y Torres han mantenido un encuentro.

De hecho, tras el acto formal de la Comisión, ambos han comparecido juntos –en presencia de autoridades, entre ellas el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, y diputados de PP, PSdeG y BNG, entre otros– y han mostrado sintonía.

De hecho, Torres ha recordado la firma de la cesión de gestión del litoral el año pasado, justo antes de someterse a una operación quirúrgica a causa de un cáncer, para la que Rueda le «deseó suerte» y que «salió bien».

Más allá, el ministro ha reivindicado la importancia que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez otorga a la «cogobernanza» y ha elevado a 38 los traspasos formalizados con distintas comunidades «desde el comienzo de esta legislatura», tres de ellos con la Xunta.

AP-9: «LAS POSTURAS SON COMPLEJAS PARA ACUERDO A CORTO PLAZO»

Y ha aludido a «cuarto traspaso» en el foco, al que no puso nombre en su intervención, pero sobre el que fue preguntado en la posterior atención a los medios de comunicación. El ministro se refería a la transferencia de la AP-9 a Galicia, foco de una negociación iniciada casi en paralelo con la convocatoria electoral del 29 de noviembre.

No en vano, en desacuerdo con una ley aprobada en el Congreso tras el pacto de PSOE, BNG y Sumar, el Gobierno gallego pidió la convocatoria de una comisión bilateral para «clarificar y resolver las diferencias» que existen entre Xunta y Gobierno central en relación a esta normativa.

«Las posturas son complejas para llegar a un acuerdo a corto plazo, pero estoy convencido de que habrá voluntad para que en un momento determinado podamos coincidir», ha manifestado, y ha insistido en que el Gobierno aceptó sentarse para discutir las diferencias antes de llegar al Constitucional.

Más allá del devenir de este traspaso –condicionado por las elecciones del 29N, aunque los equipos jurídicos, ha dicho, siguen trabajando–, Torres ha defendido que han sido «unos años de magnífica relación con la Xunta», y ha recalcado que la cesión de competencias constituye «un camino para la mejor gestión de lo público».

OFICINA DE ATRACCIÓN DEL TALENTO: 50 PUESTOS DE TRABAJO

Por su parte, Rueda ha reivindicado que cree en el autogobierno «útil» y ha insistido en el mensaje de que él no concede relevancia «a la cantidad de competencias, sino a la utilidad de las mismas». El ejemplo, ha dicho, son los permisos iniciales de trabajo para personas extranjeras, que ve «esenciales para prestar un servicio fundamental para retener y atraer talento de manera ordenada».

Al respecto, ha enfatizado que la colaboración entre Xunta y Gobierno deberá continuar siendo «máxima», toda vez que, aunque la Administración gallega será la que gestione los permisos de trabajo, será el Estado quien se encargue de los de residencia –de forma «simultánea»–.

«Desde aquí desplegaremos lo que sea necesario para poder ejercer estas competencias en las mejores condiciones», ha garantizado, antes de anunciar que «de inmediato» se creará una Oficina de Atracción de Talento, con 50 puestos de trabajo que estará presente en las siete ciudades gallegas.

Integrará a las oficinas del ‘Plan Retorna’, que atienden el flujo de personas con nacionalidad española que desean desplazarse a Galicia para «hacer una nueva vida». La nueva oficina dará también respuesta a quienes no la tienen.